Mientras los habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira siguen esperando soluciones reales a los constantes problemas de energía, el panorama para Air-e, la empresa encargada de distribuir y comercializar el servicio en estos tres departamentos, se torna cada vez más incierto. No solo por su crítica situación financiera, sino por la intervención que atraviesa y por el contexto regulatorio que, según sus propios voceros, le impide operar de forma viable.
Una carta enviada a comienzos de mayo por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana, expuso con crudeza la gravedad del momento, Air-e, intervenida desde marzo por la Superservicios, está al borde del colapso operativo y económico. Palma alertó que, sin el respaldo urgente del Fondo Empresarial, la compañía no podrá garantizar la continuidad del servicio, con consecuencias potenciales tan serias como un racionamiento masivo de energía.
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La situación se agrava con los números. De acuerdo con el ministro, Air-e acumula una deuda de 1,3 billones de pesos con generadoras eléctricas y enfrenta un déficit de caja proyectado de 2,8 billones para este año. Además, está expuesta en más del 70% al mercado de bolsa para el año 2026, una vulnerabilidad preocupante ante posibles eventos climáticos como El Niño. Por si fuera poco, un incumplimiento en la senda de reducción de pérdidas podría reducir sus ingresos en 567.976 millones entre 2026 y 2027.
Más allá del llamado urgente de Palma, el origen del problema tiene raíces más profundas. Según explicó la propia Air-e en una carta enviada en 2022 a la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, la compañía advirtió sobre los riesgos que acarrearían ciertas decisiones regulatorias. En ese documento, firmado por el gerente de la época, John Toro, se señalaba que dos resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) alteraron el sistema operativo de forma sustancial. Cambios que, en palabras del directivo, “le impedirán a Air-e recuperar los costos que ha asumido y la inversión que ha hecho” para mejorar la calidad y cobertura del servicio.
Uno de los puntos más conflictivos es el límite al incremento de la opción tarifaria. Mientras los costos de generación y transporte siguen al alza, a las comercializadoras como Air-e se les prohíbe trasladar esos aumentos a los usuarios más allá de lo que marca el índice de precios al consumidor. El resultado, una carga financiera insostenible para las empresas, que terminan subsidiando de su propio patrimonio el servicio.
La empresa también criticó la desarticulación entre los mecanismos de financiación otorgados a los usuarios finales y a los comercializadores. A estos últimos solo se les permite financiar el 20% del valor de sus obligaciones en bolsa por un plazo de cuatro meses, un descalce que complicó aún más su estabilidad. Y como si fuera poco, el llamado Pacto por la Justicia Tarifaria, firmado en septiembre de 2022, dejó por fuera a los generadores eléctricos, a pesar de que, según Air-e, “los comercializadores ya han financiado la prestación del servicio público en más de 4 billones de pesos”.
Al ministro Palma le preocupa que esta carga acumulada termine por desencadenar “una advertencia de limitación de suministro”, con impactos severos en los derechos fundamentales de millones de personas. Y lo cierto es que no es el único que lanza alertas. Afinia, la otra empresa nacida del proceso de reemplazo de Electricaribe, también expresó preocupaciones similares. Incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sugirió que el Gobierno compre esa operación ante el riesgo que representa para el país.
Asocodis, el gremio que agrupa a las distribuidoras y comercializadoras, advirtió del posible “apagón financiero” que se avecina si no se atienden las deudas del Gobierno en subsidios, cartera vencida y opción tarifaria.
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