El exministro Juan Fernando Cristo se aleja de Gustavo Petro: advirtió sobre riesgos institucionales por consulta popular por decreto

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo respaldó la postura de la oposición al advertir que la vía adecuada para resolver la controversia sobre la consulta popular corresponde a la justicia y no al Ejecutivo.

Cristo enfatizó que la decisión sobre la validez jurídica de la votación en la plenaria del Senado, que rechazó la convocatoria a consulta popular, está siendo revisada por el Consejo de Estado y no debe ser asumida por el Gobierno Nacional, según informó Semana.

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El exministro criticó la determinación del presidente Gustavo Petro de expedir un decreto para convocar a la consulta popular, luego de que el Senado negara la aplicación de ese mecanismo con una votación de 49 a 47.

Cristo calificó como una “grave equivocación” que el Ejecutivo insista en la convocatoria, argumentando que se estarían desconociendo los límites de las competencias gubernamentales y la independencia de los poderes públicos.

El medio Semana detalló que, durante su intervención, Cristo manifestó: “La decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado. Se comete una grave equivocación al convocar la consulta”.

El exministro también advirtió que el Ejecutivo estaría asumiendo atribuciones que no le corresponden, lo que podría poner en riesgo la estabilidad institucional del país.

Durante su gestión en la cartera política, Juan Fernando Cristo intentó impulsar un acuerdo nacional enfocado en reformas sociales y la paz, aunque ese esfuerzo no prosperó.

Posteriormente, el actual ministro Armando Benedetti asumió el cargo y se convirtió en uno de los principales promotores de la consulta popular como mecanismo de participación. Ahora, desde fuera del Gobierno, Cristo sostiene que el Ejecutivo está sobrepasando los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Según consignó Semana, el presidente Gustavo Petro anunció la expedición del decreto para convocar a la consulta popular durante una alocución presidencial la noche del martes 3 de junio.

El Gobierno argumenta que en la sesión del Congreso donde se negó la consulta existieron vicios de trámite, lo que, a su juicio, le otorga facultades para insistir en la realización de la jornada. No obstante, diversas instituciones han advertido que la competencia para decidir sobre la validez de la votación recae en la justicia y no en el Ejecutivo.

Cristo reiteró su posición al afirmar: “Se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país. Hasta ahora, a pesar de duros enfrentamientos, el Gobierno ha utilizado los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley para tramitar sus diferencias con las otras ramas del poder”, según reportó Semana.

El exministro concluyó que el camino correcto es el judicial y no la expedición de un decreto que, en sus palabras, sería “abiertamente inconstitucional” y “insostenible en las Cortes”.

De esta manera, Juan Fernando Cristo se suma a las voces que piden respeto por la separación de poderes y advierte sobre las posibles consecuencias institucionales de que el Ejecutivo insista en la convocatoria a consulta popular sin el aval de la justicia.

El anuncio de una orden de captura contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, y la fiscal Luz Adriana Camargo generó reacciones inmediatas en sectores políticos y sociales que advirtieron sobre el impacto de esta decisión en la estabilidad institucional del país.

La medida fue interpretada por aliados del gobierno como un intento de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, en un contexto de alta polarización política.

La orden de captura fue emitida por un juez de la República, lo que provocó que figuras cercanas al Ejecutivo manifestaran su rechazo y preocupación. “Esto es un ataque a la institucionalidad”, afirmó un portavoz del gobierno citado por el medio.

La noticia se difundió rápidamente y motivó pronunciamientos de respaldo a los funcionarios implicados, así como llamados a respetar el debido proceso y la independencia judicial.

El medio detalló que la decisión judicial se relaciona con investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades en la gestión de ambos funcionarios. Sin embargo, sectores afines al gobierno consideran que la medida tiene motivaciones políticas.

“No se puede permitir que se utilicen las instituciones para perseguir a quienes están cumpliendo con su deber”, declaró un congresista del Pacto Histórico a Infobae. La controversia se intensificó cuando organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de que se debilite la confianza en el sistema judicial.