Empresas americanas criticaron el decreto que modifica la retención en la fuente y alertaron graves consecuencias

El Gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, que modifica las tarifas de autorretención en la fuente del Impuesto sobre la renta para personas naturales y jurídicas, aplicables desde el 1 de junio de 2025. La medida tiene como objetivo adelantar parte del recaudo del impuesto de renta correspondiente a 2026, lo que incrementa las autorretenciones durante 2025 y reduce el monto que los contribuyentes deberán liquidar como anticipo en el siguiente período fiscal.

Las nuevas tarifas, que oscilan entre el 1,20% y el 4,5%, varían según el sector económico, lo que afecta actividades como agricultura, minería, comercio y servicios. Además, el decreto reduce los umbrales mínimos para aplicar retenciones, ampliando significativamente el número de contribuyentes sujetos a este mecanismo.

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Al respecto, el Consejo de Empresas Americanas (CEA) expresó preocupación por el impacto que el aumento de las autorretenciones y la reducción de los umbrales pueden tener sobre la liquidez de las empresas y personas naturales.

Para el director ejecutivo del CEA, esta medida podría poner en riesgo la capacidad de las compañías para mantener operaciones fluidas, ejecutar proyectos estratégicos y sostener los niveles actuales de empleo. Además, que “estas presiones financieras afectan no solo a las grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas empresas, que son el motor fundamental de la economía colombiana”.

En consecuencia, “la situación podría erosionar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, limitando el dinamismo económico necesario para alcanzar un crecimiento sostenible y equitativo en el país”.

Dichos efectos se evidencian de manera particular en la gestión de los flujos de caja y en la planificación financiera para 2025, puesto que la modificación en las tarifas y los umbrales para autorretenciones anticipadas implican un adelanto notable en el desembolso de recursos.

Insistió en que la situación dificulta la capacidad de las empresas para optimizar su planificación financiera y responder con flexibilidad a las condiciones cambiantes del mercado. Asimismo, que la dinámica puede afectar la estabilidad del marco fiscal proyectado para 2026, debido a que una menor inversión y actividad económica pueden reducir los ingresos tributarios futuros y generar presión sobre las finanzas públicas.

“En un contexto de desaceleración económica y limitaciones financieras, estas condiciones podrían reducir la contratación, postergar inversiones y frenar el crecimiento esperado, afectando la competitividad y el empleo formal”, remarcó.

En línea con las presiones financieras descritas, el CEA advirtió que sectores estratégicos como gas, minería de oro, energía eléctrica, agua, gestión de residuos y construcción enfrentarán modificaciones muy importantes en las condiciones tributarias. Por ejemplo, actividades como generación de energía eléctrica, producción de gas, distribución de agua y extracción de oro tendrán tarifas del 4,5%, mientras que aumenta hasta el 3,5% sobre ciertas operaciones de construcción.

Además, hay una disminución general de los límites, como la reducción de 4 ($199.196) a 2 unidades de valor tributario o UVT ($99.598) sobre pagos o abonos por prestación de servicios; así como de 92 a 70 UVT para compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios.

Ante este escenario, el Consejo de Empresas Americanas (CEA), que agrupa a más de 115 compañías de capital estadounidense en Colombia, reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional para construir un entorno tributario predecible, competitivo y sostenible.

“El objetivo es impulsar el desarrollo económico y social del país, a la vez que se fortalece la confianza de los inversionistas”, puntualizó.

En ese sentido, el CEA ya gestiona reuniones con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y miembros de las comisiones económicas del Congreso de la República para presentar un análisis técnico del impacto de la medida y proponer alternativas que preserven el atractivo de Colombia como destino de inversión, sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas ni la formalización laboral.