La patrullera Érika Judith Pérez Romero, involucrada en un caso de presunto abuso de autoridad en Bogotá, denunció haber sido víctima de extorsión por parte del joven al que golpeó durante un procedimiento policial.
Según un informe de Citytv, Pérez, retirada temporalmente de su cargo en el CAI de La Gaitana, aseguró que Juan Sebastián Rojas, el ciudadano que resultó lesionado en el incidente, le exigió más de un millón de pesos para no publicar el video del altercado en redes sociales. La uniformada presentó capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp como prueba de estas presuntas exigencias económicas.
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El incidente que dio origen al caso ocurrió el 15 de octubre de 2024 en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba. Durante un operativo en el que buscaba a un sospechoso de un ataque con arma blanca, Pérez golpeó a Rojas en el rostro con su bastón tonfa mientras este intentaba grabar el procedimiento con su celular.
En declaraciones al medio, la patrullera explicó que no tenía intención de lesionarlo y que el golpe ocurrió mientras intentaba girarlo para continuar con la requisa. “Fácilmente, podría grabar el procedimiento, pero este se estaba metiendo con mi imagen. Yo le digo que volteé, a lo que yo con mi bastón, para voltearlo, se observa que voltea y sin querer lesionarlo, lo golpeo en la cara”, afirmó.
El video del incidente se viralizó en enero de 2025, generando una ola de indignación pública y reavivando el debate sobre el abuso policial en Colombia. Según reportó Citytv, Rojas denunció que la agresión le causó lesiones graves, incluyendo problemas de visión y ruptura de vasos sanguíneos en el rostro. Además, acusó a Pérez de intentar retener su celular y amenazar con no devolvérselo.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la patrullera el 19 de abril de 2025, calificando su conducta como “gravísima a título de dolo” y señalando que podría haber vulnerado los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus funciones. Paralelamente, la Justicia Penal Militar inició una investigación por posibles lesiones personales, aunque Pérez no aceptó los cargos.
En su defensa, la patrullera presentó una denuncia por extorsión contra el joven, argumentando que este la presionó durante cuatro meses para que le entregara dinero a cambio de no divulgar el video. En las capturas de pantalla compartidas por el medio citado, se observa una conversación en la que el joven supuestamente exige más de un millón de pesos, mientras que Pérez le responde que solo tiene $500.000. “Me decía que eso no se iba a quedar así, entonces le suministré los datos y le indiqué en dónde podía instalarme una denuncia”, explicó la patrullera. Según su relato, tras no recibir el dinero solicitado, Rojas finalmente publicó el video en redes sociales.
Citytv mostró capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre ambos, donde se evidencia la presión para que la uniformada entregara el dinero. En uno de los mensajes, Pérez escribió: “Solo por no subir eso a redes sociales, vuelvo y te digo, solo tengo 500 mil pesos y ya los tengo en la mano”. El joven respondió: “Te faltan 700 y con respeto […]. ¿Ya conseguiste los 700? Si mandas esos 500, cuándo me darías lo otro que me dices”. Pérez contestó: “Estoy en eso”.
Pérez también afirmó que su denuncia por extorsión fue aceptada gracias al apoyo del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en su momento. Sin embargo, permanece apartada de su cargo mientras se resuelve el proceso disciplinario en su contra. En sus declaraciones, la uniformada defendió su trayectoria profesional, asegurando que siempre había mantenido un comportamiento ejemplar antes de este episodio.
Además, pidió que se consideren las agresiones que ha sufrido durante el cumplimiento de sus funciones. “Por uno que se equivoque, generalizan a toda la Policía y dicen que es lo peor, pero cuando tienen algún problema, al primero que llaman es a un policía”, expresó.
El caso de Pérez no es el único en su historial reciente. La patrullera enfrenta otros procesos disciplinarios por comportamientos agresivos previos. Un segundo video, grabado el 16 de octubre de 2024, muestra a la patrullera en una actitud desafiante frente a familiares de un joven detenido en el CAI de Suba Rincón, donde también se reportaron agresiones verbales y físicas. Estos antecedentes han complicado aún más su situación legal e intensificaron las críticas hacia su actuación.
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