Batallón deberá disculparse con pareja Lgtbi+ por caso de presunta discriminación en Buga, Valle del Cauca

El Batallón No. 10 de Alta Montaña de Buga, Valle del Cauca deberá ofrecer disculpas públicas a una pareja de la comunidad Lgtbi+ por un acto de discriminación registrado en sus instalaciones.

Tal como ordenó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ejército tiene un plazo de cinco días para cumplir con esta medida, que responde a una acción de tutela interpuesta por Yeison Ramírez, que denunció haber sido víctima de ofensas verbales junto a su pareja, una mujer transgénero, durante una visita al batallón el 12 de marzo de 2025.

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De acuerdo con el fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Gerson Chaverra, el Ejército deberá garantizar el cumplimiento de la sentencia lo más pronto posible.

Por su parte, desde la Tercera División y la Tercera Brigada, con jurisdicción en Cali y el suroccidente del país, confirmaron a El Tiempo que se acatará la orden judicial, aunque no se emitirá ningún pronunciamiento adicional al respecto.

Frente a ello, es importante mencionar que el incidente que dio lugar a esta decisión judicial se registró cuando Ramírez y su pareja acudieron al batallón para reclamar la libreta militar, un documento necesario para realizar otros trámites. Según el demandante, además de recibir comentarios ofensivos, no se les entregó el documento de manera inmediata. En su lugar, se les indicó que debían seguir el procedimiento a través de un correo electrónico.

Ramírez también denunció que en el batallón lo calificaron como desertor, en referencia a su servicio militar en 2023, del cual fue retirado por una orden administrativa que alegaba “ausencia injustificada”. Sin embargo, la investigación por deserción fue archivada por el Juzgado Penal 1315 de Cali en octubre de ese mismo año.

Inicialmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga había negado la tutela presentada por Ramírez en abril de 2025, argumentando que la situación había sido “subsanada” mediante el correo electrónico enviado por el Ejército. No obstante, la Corte Suprema de Justicia revocó esta decisión, señalando que el trato recibido por Ramírez y su pareja constituía un acto de discriminación que debía ser reparado mediante disculpas públicas.

En su fallo, la Corte enfatizó que ninguna persona puede ser objeto de tratos denigrantes debido a su identidad de género u orientación sexual. Además, el organismo recordó que instituciones como los batallones están obligadas a respetar los derechos humanos y garantizar la igualdad, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia.

En este sentido, el artículo citado por la Corte señala que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

Las cifras recientes indican un preocupante aumento en los casos de discriminación y violencia contra parejas Lgtbi+ en Colombia. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en 2024 se registraron 47 homicidios contra personas de esta población. En lo que va de 2025, ya se han reportado 25 casos, lo que evidencia que en solo cuatro meses se ha alcanzado más de la mitad de los crímenes registrados el año anterior.

Particularmente preocupante es la situación en Antioquia, que se posiciona como el departamento con más casos de violencia contra personas Lgtbi+. De los 25 homicidios registrados en el país en 2025, 12 se han reportado en Antioquia, lo que representa casi la mitad del total nacional. Además, en Medellín, las agresiones contra esta comunidad aumentaron un 33% en 2024, pasando de 637 denuncias en 2023 a 849 en 2024.