La exministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, reveló en una entrevista concedida a Blu Radio que fue objeto de presiones por parte de altos funcionarios del Gobierno para destituir a Ludwing Joel Valero, entonces director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Según sus declaraciones, estas presiones no respondían a criterios técnicos o administrativos, sino a intereses políticos.
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De acuerdo con Buitrago, tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, le solicitaron insistentemente la renuncia de Valero.
Rodríguez, según la exministra, la contactó directamente argumentando que Valero había sido “uno de los que tumbó la laboral”, en referencia a la reforma laboral que fue rechazada en el Congreso.
Buitrago afirmó que la solicitud carecía de fundamento y que Valero desempeñaba adecuadamente sus funciones.
Tras su negativa, Buitrago relató que recibió una llamada de Benedetti, quien le cuestionó por qué no había firmado la renuncia de Valero.
“Me llama inmediatamente Armando Benedetti y me dice: ‘¿Por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto’”, declaró, aludiendo a la supuesta cercanía de Valero con el senador Miguel Ángel Pinto, uno de los legisladores que habrían contribuido al fracaso de la reforma laboral.
La exministra consideró injusto que Valero fuera removido por decisiones legislativas de otras personas. “No me parece justo con una persona que se haga de esa manera por cobrarle lo que hizo otra”, expresó.
El 11 de abril, Valero fue finalmente destituido, aunque no por decisión de Buitrago.
Según explicó, no contaba con la autoridad para aceptar la renuncia, ya que esta competencia recae en el presidente de la República. Indicó que otra dependencia del Gobierno fue la encargada de ejecutar la salida del director de la Uspec.
Buitrago también denunció que este episodio no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de presiones e interferencias que comenzaron en marzo y se intensificaron durante su gestión.
Entre los incidentes que mencionó se encuentra la remoción de su delegado mientras se encontraba en Washington, así como intentos de imponer nombramientos de personas que, en su opinión, no cumplían con los perfiles requeridos para cargos clave en el Ministerio de Justicia.
“Estas presiones comprometieron la autonomía de la cartera”, señaló.
No solo tiene en contra a Benedetti y Rodríguez: Petro también se ha referido a la exministra
En el marco de su renuncia, el presidente Petro también se refirió a la salida de Buitrago durante un cabildo abierto en Barranquilla.
Allí, el mandatario insinuó que la exministra buscaba sabotear las políticas de paz de su gobierno al no comprender la necesidad de dialogar con grupos armados.
“Hemos logrado, a partir de los diálogos, tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos”, declaró Petro.
Buitrago rechazó categóricamente estas afirmaciones, asegurando que siempre ha sido partidaria de la paz y que acompañó los propósitos del gobierno en este ámbito.
No obstante, destacó que cualquier proceso de negociación con grupos armados debe estar respaldado por un marco legal claro y preciso.
En este sentido, mencionó la necesidad de revisar normativas como la Ley 2272 de 2022 y la sentencia constitucional 523 de 2023 para garantizar que los grupos armados asuman las obligaciones necesarias en el marco de los diálogos de paz.
En relación con este tema, la exministra recordó un episodio ocurrido en abril de 2025, durante el lanzamiento del programa de cárceles productivas en Acacías, Meta.
Según explicó, en esa ocasión discutió con el presidente sobre la posibilidad de explorar un modelo jurídico alternativo para los diálogos de paz.
Aunque entendió las intenciones del mandatario, Buitrago insistió en que cualquier cambio debía estar fundamentado en la justicia ordinaria y en un marco legal sólido.
Finalmente, Buitrago aseguró que su renuncia fue coherente con sus principios y con su compromiso de actuar dentro de los límites de la Constitución y la ley.
“Renuncié de manera irrevocable porque siempre tuve claridad en el sentido de que la función del ministerio de Justicia y mi estatus como delegada del presidente de la República para los temas de competencia de la cartera, debían ser jurídicos, legales y constitucionales”, concluyó.
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