Desde el Catatumbo, región marcada por la violencia y los conflictos armados, Andrey Avendaño, comandante del Frente 33 y delegado en los diálogos entre el Gobierno colombiano y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), expresó su preocupación por los recientes ataques perpetrados por el ELN.
Según detalló en una entrevista con Colombia+20, de El Espectador, estos ataques, realizados con explosivos lanzados desde drones, fueron respondidos de manera similar por su grupo, lo que refleja la complejidad del conflicto en la zona.
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Avendaño enfatizó que no se discutirá la entrega de armas mientras persistan las amenazas contra su organización y las comunidades que habitan el territorio.
“No hablaremos de entrega de armas si ELN sigue con intención de matarnos”, expresó Avendaño.
El proceso de construcción de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), autorizada por el presidente Gustavo Petro el 23 de mayo, avanza con dificultades.
Aunque aún no se ha definido el lugar exacto ni la extensión de esta zona por motivos de seguridad, parte de la delegación gubernamental inició jornadas de diálogo social en Cúcuta para socializar la resolución y explicar los objetivos de la ZUT.
Avendaño explicó que, hasta el momento, solo se ha elaborado el protocolo de traslado, que establece las medidas para movilizar a los combatientes hacia la zona.
Sin embargo, el protocolo de funcionamiento, que incluirá aspectos como los tiempos y las condiciones de permanencia, aún está en proceso de construcción.
Avendaño cuestionó el plazo de 45 días establecido para el traslado de los combatientes hacia la ZUT, argumentando que no se han garantizado condiciones jurídicas claras para quienes, como él, son reincidentes tras haber firmado el Acuerdo de Paz de 2016.
Según explicó, el compromiso firmado en ese acuerdo establece penas para quienes vuelvan a tomar las armas, lo que genera incertidumbre sobre su situación legal. Además, señaló que tampoco se han definido garantías para los combatientes que no son reincidentes, lo que dificulta avanzar en el proceso.
En este sentido, destacó que el Congreso no ha mostrado avances en la aprobación de reformas necesarias para resolver estos vacíos legales.
Otro punto crítico es la polarización política en el país. Subrayó que el Estado debe garantizar la protección de las comunidades que quedarían expuestas tras el traslado de los combatientes a la ZUT.
“No podemos de manera irresponsable dejar sola a la gente que ha confiado en nosotros”, afirmó, destacando la necesidad de resolver los problemas de seguridad antes de avanzar en el proceso.
En cuanto a las propuestas para abordar estas dificultades, Avendaño planteó la posibilidad de un acuerdo de gradualidad. Este enfoque implicaría trasladar inicialmente a un grupo reducido, como los delegados en la mesa de diálogo, para trabajar en la elaboración de protocolos, acondicionar los espacios y avanzar en temas como la situación jurídica, el retorno de las comunidades desplazadas y la sustitución de cultivos ilícitos. Según explicó, el traslado completo de los combatientes se realizaría de manera progresiva, a medida que se cumplan las tareas acordadas.
El Gobierno ha insistido en que los combatientes deben ingresar a la ZUT sin armas y sin menores de edad. Sobre este último punto, Avendaño reconoció que aún quedan algunos menores en las filas del Frente 33, pero aseguró que están comprometidos en buscar alternativas para que los jóvenes no recurran a la violencia.
Sin embargo, expresó su preocupación por el destino de estos menores, recordando que en 2016 muchos de ellos terminaron trabajando para grupos paramilitares o en actividades relacionadas con cultivos ilícitos tras ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Según Avendaño, el objetivo es garantizar que los menores tengan acceso a educación y oportunidades que les permitan alejarse de la violencia.
En relación con las actividades previstas dentro de la ZUT, Avendaño explicó que los combatientes, en su mayoría agricultores, esperan desarrollar proyectos productivos como el cultivo de arroz y la cría de ganado. También planteó la posibilidad de establecer un puesto de salud, un aula para formación educativa y espacios para la capacitación en economía campesina. Según afirmó, la idea es que la ZUT se convierta en un modelo de transformación y desarrollo para la región.
“Podemos hacer un piloto frente al tema de la economía campesina, tener una parte del terreno con unas reses, tener un puesto de salud, un aula donde la gente pueda formarse y estudiar, que pueda ir el Sena a dar capacitaciones que se pueda tener una interlocución con los liderazgos sociales del territorio. No podríamos llegar allí a aislarnos del mundo”. dijo a Colombia+20.
La seguridad de la ZUT es otro tema que genera preocupación. Aunque aún no se han definido los protocolos específicos, Avendaño señaló que se basarán en experiencias previas para establecer perímetros de protección y evitar ataques, como los realizados con drones.
En este sentido, reconoció que tanto su grupo como el ELN han utilizado drones en el conflicto, lo que ha afectado a la población civil. Según explicó, esta dinámica de guerra convierte a los civiles en víctimas indirectas, ya que los grupos armados utilizan sus viviendas como refugio.
“Hay días en los que nos han mandado más de 50 bombas por día a los lugares donde estamos nosotros y viceversa, porque también nosotros los utilizamos, no lo podemos negar”, agregó.
Avendaño también se refirió a la extradición del comandante Olmedo, delegado en la mesa de diálogo, como un obstáculo para avanzar en las negociaciones. Según explicó, la ley 2272 suspende las órdenes de captura, incluidas las de extradición, mientras los combatientes permanezcan en la ZUT.
Sin embargo, señaló que esta protección es temporal y no resuelve el vacío jurídico que genera desconfianza entre los combatientes. En este contexto, instó al presidente Petro a tomar una decisión que frene la extradición de Olmedo, advirtiendo que su extradición podría poner en riesgo el proceso de diálogo.
Finalmente, Avendaño negó que exista una fractura en el Estado Mayor de Bloques y Frentes, a pesar de las diferencias en los ritmos de las negociaciones en distintas regiones del país.
Según afirmó, la comunicación entre las estructuras se mantiene fluida y hay un compromiso conjunto para avanzar hacia la paz, con o sin el apoyo del gobierno. “Nosotros consideramos que tenemos que ser parte de los cambios y de las soluciones en las regiones donde estamos”, concluyó.
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