Un ataque con una sustancia química, presuntamente ácido, dejó a tres mujeres heridas en el municipio de Génova, ubicado en el sur del departamento de Quindío (Colombia).
Según información de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la noche del sábado 24 de mayo de 2025, cuando un hombre, que se desplazaba en una motocicleta, lanzó la sustancia corrosiva hacia las víctimas que circulaban por el centro del municipio.
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El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observan como los hombres, tras aplicar la sustancia química, emprenden la huida, mientras que las mujeres intentaron desesperadamente quitarse el líquido de encima, buscando refugio en el local más próximo, donde había otras personas.
De acuerdo con la institución, las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 21 y 47 años, sufrieron quemaduras en el rostro y los brazos, con lesiones que afectan hasta el 20 por ciento de sus cuerpos.
“Las tres mujeres fueron agredidas por dos sujetos, los cuales arrojaron un agente químico, causando heridas en diferentes partes del cuerpo, como rostro y brazos”, explicó la Policía de Quindío en un comunicado.
Tras el ataque, fueron llevadas hasta el hospital local de Génova y posteriormente trasladadas a un centro asistencial en la ciudad de Armenia, donde permanecen bajo observación médica.
Las lesiones causadas por el ataque han generado preocupación, no solo por el daño físico, sino también por las secuelas psicológicas que este tipo de agresiones suelen dejar en las víctimas.
Por su parte, las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en la investigación y dar con la captura de los responsables de este ataque contra las tres mujeres.
Una de las primeras hipótesis planteadas por la Policía Nacional sería por una supuesta relación sentimental con uno de los hombres que arrojó el ácido a las víctimas.
“La hipótesis que rodea el caso podría señalar que el ataque se produjo por parte de la pareja sentimental de una de las víctimas. La Policía Nacional, en articulación con personal del CTI, inició las respectivas acciones investigativas, como entrevistas a testigos, verificación de cámaras y recolección de evidencias que permitan esclarecer este lamentable hecho”, agregó la institución.
La Patrulla Púrpura, unidad especializada de la Policía en casos de violencia de género, intervino de manera inmediata tras el ataque. Este grupo activó la ruta de atención para víctimas de violencia de género, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para garantizar el acompañamiento y la protección de las afectadas.
Entre tanto, el alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua, lamentó lo sucedido en el municipio, por lo que pidió que se avancen las investigaciones correspondientes para evitar que el caso quede en la impunidad.
“La verdad es que estamos muy tristes por los hechos ocurridos el día de ayer (sábado 24 de mayo). Por eso desde la administración municipal rechazamos contundentemente los actos violentos en contra de la mujer y ante cualquier tipo de violencia. Génova es un territorio tranquilo y pacífico, lo que sucedió ayer entristece y angustia la comunidad y genera un rechazo colectivo”, expresó el mandatario local en diálogo con Caracol Radio.
Además, el alcalde sostuvo que este tipo de hechos “no se pueden en volver normales en un territorio como Génova, en un territorio como el departamento del Quindío y Colombia, por eso el rechazo contundente a este tipo de hechos”.
El uso de ácido como arma en ataques de este tipo ha sido un problema recurrente en Colombia, donde se han registrado numerosos casos en los últimos años. Este tipo de agresiones suelen estar vinculadas a conflictos personales o de género, dejando a las víctimas con graves secuelas físicas y psicológicas.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han condenado enérgicamente este ataque y han hecho un llamado a las autoridades para que se refuercen las medidas de protección y prevención frente a este tipo de violencia.
En la legislación colombiana, los responsables que cometan este tipo de hechos están expuestos a penas de prisión entre 150 y 240 meses (20 años), así como multas hasta los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Ley 1773 de 2015 ‘Natalia Ponce de León‘).
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