Un grupo numeroso de campesinos protagonizó una manifestación en el centro de Bogotá durante la mañana del lunes 26 de mayo, generando importantes afectaciones en la movilidad de la ciudad.
Según informó la cuenta oficial de X @BogotaTransito, la protesta comenzó alrededor de las 7:00 a. m. y bloqueó tanto la calzada mixta como la exclusiva de la concurrida carrera Décima con calle 10, en dirección sur-norte.
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De acuerdo con los reportes, los manifestantes avanzaron hacia la avenida Jiménez, en el sector de San Victorino, una zona de alto flujo vehicular y peatonal en las horas pico de la mañana.
Esta situación provocó la suspensión temporal del servicio de varias estaciones del sistema de transporte masivo TransMilenio, incluyendo Museo del Oro, San Diego, Las Nieves y San Victorino, según informó la empresa.
El equipo de comunicaciones de Transmilenio detalló que los buses articulados que circulan en la troncal afectada tuvieron que realizar retornos en el sector de La Mariposa, lo que complicó aún más la movilidad para los usuarios que se dirigían de occidente a oriente.
Además, los servicios duales D81, M82 y M83, junto con algunas rutas de Transmizonal, también se vieron obligados a modificar sus recorridos, retornando en la calle 6.
La protesta se suma a una serie de manifestaciones que han tenido lugar en las últimas semanas en Bogotá, donde diversos grupos de indígenas han expresado su descontento con las administraciones Nacional y Distrital.
Estas movilizaciones han generado recurrentes inconvenientes en el tránsito, especialmente durante las horas pico, afectando a miles de ciudadanos que dependen del transporte público para desplazarse por la ciudad.
Según lo informado hasta el momento, los manifestantes son los grupos indígenas que llegaron a la capital del país desde el 12 de mayo para exigir al Gobierno nacional garantías de seguridad en sus territorios, afectados por el conflicto armado. Desde entonces han acampado en la plaza de Bolívar.
Los manifestantes, provenientes de departamentos como Arauca, Caquetá, Meta, Cauca y Amazonas, entre otros, buscan respuestas concretas ante la violencia que enfrentan en sus hogares, incluyendo reclutamientos forzados, desplazamientos y secuestros.
El pliego de peticiones presentado al gobierno del presidente Gustavo Petro incluye demandas relacionadas con la protección de la vida y la supervivencia de las comunidades campesinas, negras e indígenas.
James Chamorro, vicepresidente de la Asociación Campesina de Huila, expresó su frustración por la falta de avances en las negociaciones. “Estamos cansados de vivir en medio de las confrontaciones de los grupos armados”, declaró Chamorro al medio.
Entre las principales exigencias, las comunidades solicitan una reforma agraria que les garantice acceso a tierras, así como una mayor inversión social, la cual consideran esencial para alcanzar la paz en sus territorios.
Además, representantes de las comunidades negras han señalado que no se han cumplido los compromisos relacionados con la tenencia de tierras y el reconocimiento de sus derechos territoriales.
Asimismo, las guardias campesinas, que han jugado un papel clave en la organización de esta movilización, han dejado claro que no abandonarán la capital hasta obtener un acuerdo que proponga soluciones concretas al conflicto armado.
Según informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, esta situación ha generado serios problemas de salubridad y alteraciones en el funcionamiento de espacios públicos clave, como la Plaza de Bolívar y el Parque Nacional.
Las comunidades llegaron a la capital tras las manifestaciones convocadas el pasado 1 de mayo por el presidente Gustavo Petro, en apoyo a la consulta popular.
De acuerdo con las autoridades, la ocupación de la Plaza de Bolívar ha sido especialmente problemática. Quintero detalló que los baños públicos administrados por el Idipron fueron tomados por los manifestantes, lo que ha dificultado su uso por parte de la ciudadanía.
Además, el acceso a la Catedral Primada ha permanecido bloqueado desde el inicio de la ocupación, dejando el templo fuera de funcionamiento. Estas acciones también han afectado la oferta cultural de la zona, obligando a posponer o trasladar actividades programadas.
El secretario de Gobierno destacó que garantizar condiciones de higiene y salubridad para más de 500 personas en la Plaza de Bolívar es prácticamente inviable.
Esta situación ha derivado en consecuencias graves, lo que ha llevado a las autoridades a buscar soluciones urgentes. Según Quintero, se espera que las negociaciones con los líderes indígenas avancen para que las comunidades acepten trasladarse a otras áreas de la ciudad donde puedan recibir atención adecuada.
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