Una solicitud presentada ante la Corte Suprema de Justicia puso en el centro de atención la negativa de la fiscal general Luz Adriana Camargo a negociar con personas que, según se afirma, poseen información clave sobre el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Este escándalo, que habría alcanzado incluso al Congreso, ha generado cuestionamientos sobre las decisiones de la Fiscalía en torno al principio de oportunidad solicitado por la exconsejera Sandra Ortiz, que está vinculada al caso.
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La petición fue presentada por Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías de Colombia Red-Ver, y la comunidad Pororu de La Guajira, que se acreditan como víctimas en el proceso.
“Es conocido que la señora Sandra Ortiz está vinculada al macrocaso de corrupción de la UNGRD. Por ello fue imputada y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La señora Ortiz entró a un proceso de negociación con la Fiscalía para llegar a un principio de oportunidad”, comienza la misiva a la que tuvo acceso Semana.
En el documento, las organizaciones solicitan a la Corte Suprema que certifique si es cierta la afirmación de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que aseguró no haber intervenido en la decisión de negar el principio de oportunidad a Ortiz. Este mecanismo habría permitido a la exconsejera colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales.
“La actitud de la fiscal general, al no aceptar el principio de oportunidad de la señora Sandra Ortiz, junto al hecho que fue inactiva para impulsar procesalmente el caso contra Carlos Ramón González, que su elección como fiscal general está cuestionada, ser ternada por el presidente de la República, quien ahora la defiende ante la posibilidad de que el Consejo de Estado declare la nulidad de su elección y la protección del presidente hacía Vladimir Fernández, persona de quien también tiene información la señora Sandra Ortiz, demuestran el interés de la señora fiscal general para no aprobar el principio de oportunidad y su querer de ocultar la verdad”, puntualizó el documento.
Ortiz, que se encuentra detenida en la estación de Policía de Carabineros en Bogotá, está señalada de ser la intermediaria en el desvío de recursos de la Ungrd hacia el expresidente del Senado, Iván Name, y otros implicados. Según la misiva presentada a la Corte, la negativa de la Fiscalía a aceptar su colaboración ha impedido que las víctimas conozcan si la información ofrecida por Ortiz podría ser útil para avanzar en las investigaciones contra otros involucrados, incluidos aforados como Name y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, que actualmente enfrentan procesos judiciales.
El escrito también cuestiona la actuación de la fiscal General de la Nación, señalando que su negativa al principio de oportunidad, sumada a su supuesta inacción en el caso contra Carlos Ramón González y las controversias en torno a su elección como fiscal, reflejan un posible interés en obstaculizar la verdad.
Además, se menciona la relación entre la fiscal y el presidente de la República, Gustavo Petro, que la ternó para el cargo y ahora la defiende ante la posibilidad de que el Consejo de Estado declare nula su elección. También se alude a la protección que el mandatario habría brindado a Vladimir Fernández, otra figura mencionada en el caso y sobre quien Ortiz tendría información relevante.
La carta de Sandra Ortiz a la Corte Suprema de Justicia
Cabe recodar que en una carta dirigida al magistrado Francisco Farfán, encargado de la investigación contra Name y Calle en la Corte Suprema de Justicia, Ortiz expresó su disposición a colaborar directamente con esa instancia, argumentando que la Fiscalía le ha cerrado las puertas. La exconsejera afirmó haber estado dispuesta a colaborar con la justicia, pero señaló que su trato en el búnker de la Fiscalía ha sido desfavorable. Según Ortiz, su intención es aportar información que permita esclarecer el caso y vincular a otros responsables.
Por su parte, la Fiscalía justificó su rechazo al principio de oportunidad argumentando que la información proporcionada por Ortiz era confusa, contradictoria y carecía de evidencias objetivas. Sin embargo, Semana reportó que Ortiz cuenta con datos y pruebas suficientes para ampliar las investigaciones y vincular a otros actores al proceso. Esto ha generado dudas sobre las razones detrás de la decisión de la Fiscalía, intensificado las críticas hacia la gestión de la fiscal general.
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