En la mañana del 22 de mayo Andrés Camacho, exminsitro de Minas y Energía del Gobierno Petro, salió en defensa de los llamados comunicadores alternativos, directores de páginas y canales que hacen eco de todo lo positivo que ocurre con el Gobierno y defienden, desde su opinión, a la actual administración.
“Algunos periodistas se rasgan las vestiduras porque otros periodistas, comunicadores o influencer viajan a hacer cubrimiento de eventos con el presidente. Cínicos, no dicen nada de los cientos de viajes, incluso internacionales a los que históricamente han viajado, incluso en el avión presidencial a cubrir al presidente. Todo mi apoyo a la comunicación alternativa e influencer”, escribió en su cuenta de X.
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Contexto de la polémica
La utilización de un avión de la Policía Nacional para transportar a un grupo de periodistas y creadores de contenido vinculados con el Gobierno nacional ha generado una controversia que involucra a altas autoridades del Ejecutivo y ha motivado la intervención de la Contraloría General de la República.
El hecho tuvo lugar el pasado 20 de mayo, cuando 16 comunicadores sociales, entre periodistas e influenciadores, fueron trasladados a Barranquilla (Atlántico) en una aeronave oficial, con el objetivo de cubrir un cabildo abierto liderado por el presidente Gustavo Petro. El viaje se realizó en un avión adscrito a la Policía Nacional, lo que encendió las alertas sobre la legalidad del uso de recursos públicos con fines distintos a los estrictamente institucionales.
La denuncia fue inicialmente divulgada por la periodista Diana Saray, que señaló que este tipo de aeronaves estaría destinado exclusivamente a operaciones oficiales del Ministerio del Interior y de determinados funcionarios públicos. No obstante, desde esa misma cartera se entregaron explicaciones que contradicen parcialmente esa versión.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el uso del avión se enmarcó dentro de un convenio interadministrativo entre la Policía y el Ministerio, el cual permite disponer de este tipo de transporte para personas autorizadas. Según Benedetti, se trata de un acuerdo vigente desde hace dos décadas, cuya finalidad es facilitar traslados misionales cuando la disponibilidad en aerolíneas comerciales es limitada, una situación común en el contexto colombiano.
De acuerdo con su explicación, el contrato con la Policía contempla el alquiler de aeronaves para actividades relacionadas con las funciones del Ministerio, y no fue una decisión discrecional ni informal por parte del titular de la cartera. Aclaró también que en el vuelo a Barranquilla no solo viajaron influenciadores, sino también funcionarios del Gobierno y otras personas vinculadas a la logística y seguridad del evento presidencial.
Además, se argumentó que este tipo de convenios representa beneficios económicos para la institución policial, dado que los servicios prestados generan ingresos para su presupuesto. El ministro también señaló que en contextos específicos, como situaciones de orden público, protestas o secuestros, el uso de helicópteros y otras aeronaves de la Policía es igualmente posible bajo las mismas condiciones contractuales.
Pese a las aclaraciones, la Contraloría General solicitó formalmente explicaciones al Ministerio del Interior. En una comunicación emitida el 21 de mayo, la entidad de control requirió al ministro Benedetti información detallada sobre los instrumentos jurídicos que amparan el traslado de personas ajenas a la función pública en medios aéreos oficiales. Se pidió, entre otros documentos, copia de los convenios o contratos interadministrativos vigentes, así como los criterios utilizados para autorizar este tipo de acompañamientos.
Asimismo, el ente de control solicitó detalles sobre la participación del Ministerio en la organización y logística del vuelo, y pidió especificar quién asumió los costos del traslado. La investigación se centra en establecer si existió o no un uso indebido de bienes públicos, en este caso, un avión perteneciente a una institución armada del Estado.
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