
El Consejo de Control Ético de Cambio Radical inició una investigación contra tres senadores de la colectividad de oposición que no registraron su voto en la plenaria del Senado del miércoles 14 de mayo de 2025, donde se debatió la consulta popular, promovida por el presidente Gustavo Petro.
Uno de los congresistas investigados fue Didier Lobo, que se pronunció sobre la decisión del movimiento político, en la que sostuvo que, pese a que no ha recibido notificación oficial sobre el proceso disciplinario, reconoció que el partido está en su derecho de iniciarlo si lo considera necesario.
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En su defensa, explicó que su ausencia en la votación se debió a una “objeción de conciencia”, una decisión que, según él, fue comunicada con antelación.
“Nunca oculté mi postura. Diez días antes de la votación ya había informado mi decisión”, afirmó el congresista en declaraciones a los medios de comunicación.

A su vez, el senador detalló que su posición estuvo influenciada por un sector significativo de sus seguidores en el departamento del Cesar, que le habrían solicitado respaldar la iniciativa del Gobierno nacional.
“Hice objeción de conciencia porque no puedo ir en contra de una decisión de bancada y tampoco puedo ir en contra de un amplio sector que me apoya en los municipios de Codazzi, Becerril, la Jagua y la Loma, en César. El partido eso lo sabía, pero soy respetuoso de las actuaciones del partido”, añadió.
No obstante, subrayó que su intención no era contradecir las directrices de su partido, con las que ha sido consistente en el pasado. “Siempre he acompañado los lineamientos y decisiones de la bancada. En este caso, simplemente me aparté, pero en los demás casos los he respaldado, como ocurrió con la reforma laboral. Es más, soy uno de los que lidero y exijo que se cumplan las decisiones de bancada. Pero yo no he incumplido una decisión porque fui claro con ellos”, comentó.

Además de Didier Lobo, los senadores Temistocles Ortega y Ana María Castañeda también fueron investigados por la Comisión de Control Ético de Cambio Radical, ya que no se encontraban en el recinto del Senado durante la votación de la consulta popular, que finalmente dejó 49 votos en contra y 47 a favor.
De igual manera, el congresista Lobo también enfrenta una investigación en el mismo tribunal, en su caso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Por el momento, tanto Ortega como Castañeda no se han pronunciado al respecto.
Investigación contra congresistas de Cambio Radical
De acuerdo con el Consejo de Control Ético del partido, los congresistas están siendo investigados por un posible incumplimiento de la ley de bancadas y por presunta deslealtad partidista.
Estas acusaciones podrían derivar en sanciones internas que van desde amonestaciones leves hasta medidas más severas, como la expulsión del partido y la prohibición de participar en futuras elecciones bajo su bandera. Entre las sanciones graves se contempla la suspensión temporal de los derechos a voz y voto dentro de la colectividad, mientras que las leves podrían limitarse a una advertencia verbal o escrita.
El partido político al que pertenecen estos congresistas establece sanciones según la gravedad de las conductas de sus miembros, clasificándolas en faltas gravísimas, graves y leves.

En este caso, la colectividad había instruido a sus senadores a votar en contra de la consulta popular presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la ausencia de Ortega, Castañeda y Lobo en la votación puso en riesgo el bloque opositor que buscaba frenar la iniciativa en el Senado.
No obstante, el organismo interno será el encargado de evaluar las acciones de los senadores y determinar las sanciones correspondientes. La investigación se centrará en determinar si la ausencia de los legisladores fue intencional y si constituye una violación a los principios del partido.
El proceso disciplinario establece un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación oficial, para que los implicados presenten su respuesta y aporten pruebas que permitan esclarecer los hechos. En el documento, el Consejo advierte que, si los senadores no se pronuncian o guardan silencio, los hechos investigados serán considerados como ciertos.
La consulta popular, promovida por el presidente Gustavo Petro, buscaba someter a votación temas de interés nacional, pero fue rechazada por el Senado en una sesión que evidenció divisiones dentro de las bancadas opositoras. No obstante, la iniciativa fue nuevamente presentada el lunes 19 de mayo por los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, Trabajo, Antonio Sanguino, e Interior, Armando Benedetti, lo que sugiere que el gobierno no ha desistido de su intención de avanzar con esta propuesta.
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