
No hay marcha atrás en el proceso que se adelanta contra el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la fecha fijada para su audiencia de formulación de cargos por su resulta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.
Aunque desde un principio se conoció que el 26 de mayo sería el día de la diligencia, en la mañana del 21 de mayo fue radicada una solicitud del fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia (e), Jorge Velásquez Niño, en la que solicitó al alto tribunal aplazar la audiencia.
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“Respetuosamente solicito el aplazamiento de la audiencia de formulación de acusación programada por esa Sala para el próximo lunes 26 de mayo, por cuanto me resulta imposible asistir”, se lee en la solicitud del fiscal.
Según el funcionario, la solicitud se debe a la ausencia de la fiscal titular por cuenta de su periodo de vacaciones, por lo que solicitó correr el proceso unos días mientras retomaba funciones.

“De manera atenta me permito informar que mediante la Resolución 03194 del 5 de mayo de 2025 fui encargado de las funciones de Fiscal Séptimo Delegado ante esa Corporación, por el periodo de vacaciones de la titular del despacho, que culmina el próximo 29 de junio”, señala el documento.
Sin embargo, el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas desestimó la petición y ordenó a todas las partes hacer presencia para el día y la hora fijada, por cuanto no encontró razones suficientes para aplazar la diligencia.
“Obsérvese que para la solicitud de aplazamiento no se ofrece ninguna justificación razonable que le impida asistir al señor Fiscal encargado. Por el contrario, el mismo ente acusador, previendo evitar traumatismos en el avance de los procesos a cargo de la Fiscalia 7ª delegada ante esta Corporación, optó por designar reemplazo de quien funge como su titular mientras está disfrutando de su periodo de vacaciones y en ese rango de tiempo precisamente se encuentra programada la audiencia de formulación de acusación”, señaló el fallo de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, el magistrado Caldas ordenó a la Fiscalía General de la Nación revisar la situación del funcionario y, en caso de que no pueda presentarse, delegar a un fiscal encargado para adelantar la audiencia contra el ministro de Trabajo.

“En consecuencia, no se accede a la petición del señor Fiscal encargado y en el evento de insistir en la imposibilidad de asistir, desde ahora se ordena que por la Secretaría de la Sala se le informe sobre el particular a la Coordinación de Fiscalias Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que por su conducto y dentro de sus competencias, tomen las medidas necesarias para evitar el fracaso de la audiencia, que podría ser con la designación de un Fiscal Delegado distinto que la atienda”, concluyó el alto tribunal.
Por qué se le acusará al ministro Antonio Sanguino
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, enfrentará un juicio por presunto tráfico de influencias. Este proceso judicial está relacionado con hechos ocurridos en 2008, cuando Sanguino se desempeñaba como concejal de Bogotá.
La acusación señala que habría intervenido para influir en el nombramiento de la gerente del hospital de Usme, con el objetivo de controlar los contratos de la institución, incluyendo proyectos de infraestructura y otras iniciativas significativas.
Según información conocida por Noticias RCN, la acusación está respaldada por un documento de la Fiscalía delegada que detalla las acciones atribuidas a Sanguino.
Según este texto, el entonces concejal habría solicitado directamente al alcalde de Bogotá de ese momento, Samuel Moreno Rojas, y al secretario de Salud de su administración, el nombramiento de la gerente del hospital. Este movimiento habría ocurrido durante los primeros meses de 2008, coincidiendo con la llegada de un nuevo equipo administrativo a la capital para el periodo 2008-2011.
El documento presentado por la Fiscalía señala que la influencia ejercida por Sanguino tenía como propósito obtener un beneficio ilícito, consistente en el control de la contratación del hospital de Usme.
Según el escrito, esta maniobra buscaba consolidar su posicionamiento político mediante el manejo de los recursos y proyectos de la institución.
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