El lunes 5 de junio, a las 5:00 p.m., culminará oficialmente el periodo de funcionamiento de las Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tras ocho años de operación.
Según informó la Corte Suprema de Justicia, a partir de esa fecha, todas las consultas relacionadas con estas salas deberán ser dirigidas a los canales de contacto habilitados para tal fin.
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De acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial de X de la Corte, los ciudadanos y entidades interesadas en realizar consultas sobre temas previamente gestionados por estas salas podrán comunicarse a través de los correos electrónicos
- secretarialaboral@cortesuprema.ramajudicial.gov.co.
- notificacioneslaboral@cortesuprema.ramajudicial.gov.co.
Asimismo, se encuentran disponibles los números telefónicos 5522000, con las extensiones 1136 y 1128, para atender cualquier inquietud.
Las Salas de Descongestión Laboral fueron creadas con el propósito de aliviar la carga procesal en el ámbito laboral dentro de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo una mayor eficiencia en la resolución de casos.
Durante los ocho años de su funcionamiento, estas salas desempeñaron un papel clave en la gestión de procesos laborales, contribuyendo a reducir los tiempos de respuesta en los trámites judiciales.
El cierre de estas salas marca el fin de un periodo en el que se buscó optimizar los recursos judiciales y mejorar el acceso a la justicia en el ámbito laboral.
Aunque no se especificaron las razones detrás de la conclusión de este periodo, la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto los canales mencionados para garantizar la continuidad en la atención de las consultas relacionadas con los casos que eran gestionados por estas salas.
Corte Suprema de Justicia: Congreso colombiano en crisis por escándalo de corrupción
El proceso judicial contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, ambos expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia, enfrenta serias acusaciones de irregularidades que podrían comprometer la validez de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia.
Dos magistrados del alto tribunal denunciaron que la medida de aseguramiento dictada contra los legisladores podría haberse basado en pruebas obtenidas de manera ilegal y en procedimientos que no cumplieron con los protocolos establecidos.
El pasado 7 de mayo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema aprobó, con una votación de cuatro a dos, la detención de Name y Calle por su presunta implicación en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La investigación apunta a que los congresistas habrían intercambiado apoyos legislativos por dinero, beneficiando al Gobierno en un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Congreso.
Sin embargo, los magistrados Héctor Javier Alarcón y Cristina Lombana, quienes votaron en contra de la decisión, señalaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Alarcón denunció que el texto final de la ponencia fue modificado de manera sustancial antes de la votación, sin que los cambios fueran socializados ni sometidos nuevamente a consideración de los magistrados, como lo exige el protocolo judicial. Según el magistrado, se eliminaron y añadieron apartados cruciales que podrían haber influido en el resultado del fallo.
Además, las denuncias incluyen la utilización de pruebas cuya legalidad está en entredicho.
Estas pruebas habrían sido obtenidas sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, lo que podría invalidar la decisión de la Corte. Este señalamiento ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la legitimidad del proceso judicial, poniendo en el centro de la controversia a la Sala de Instrucción.
La investigación contra Name y Calle forma parte de un caso más amplio que involucra a la Ungrd, una entidad encargada de gestionar recursos para la atención de desastres en Colombia.
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