La representante a la Cámara Lina María Garrido, actual segunda vicepresidenta del Congreso de la República de Colombia, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte del Frente Décimo Guadalupe Salcedo de las disidencias de las Farc.
A través de su cuenta oficial en X, la congresista advirtió que las intimidaciones están relacionadas con su labor de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y solicitó protección urgente de parte de organismos internacionales.
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“Como resultado de la labor que vengo realizando para mostrar al país y al mundo la oscuridad que representa el Gobierno del presidente Gustavo Petro: #MeQuierenMatar”, escribió Garrido en un mensaje acompañado de un video en el que detalla la situación de riesgo que enfrenta, y donde señala directamente al mandatario como responsable político del fortalecimiento de estos grupos ilegales.
“Me citan a consejo de guerra”: la gravedad de las amenazas
En su publicación, la congresista adjuntó imágenes que evidencian la amenaza enviada por el grupo armado ilegal. En ellas se lee una intimidación explícita, firmada por el Frente Décimo de las Farc, en la que le notifican su citación a un “Consejo de Guerra Revolucionario” el 16 de mayo de 2025, apenas dos días después del hundimiento de la consulta popular impulsada por el Gobierno y rechazada en el Congreso.
En el video que publicó en su red social, Garrido relató: “Acabo de recibir la cuarta amenaza directa contra mi vida y la de mi familia por parte de las FARC-EP, Frente Décimo Guadalupe Salcedo. Esta es la cuarta amenaza que recibo por parte de los grupos criminales que Petro ha fortalecido en Colombia”.
La congresista aseguró que, además de las Farc, también ha sido amenazada anteriormente por el ELN: “La primera fue del ELN el 5 de abril de 2024. La segunda, también del ELN, el 25 de julio de 2024. La tercera fue de las FARC el 4 de noviembre de 2024. Y la cuarta fue ayer por parte de las FARC, en la que me citan hoy a las 2 de la tarde a Consejo de Guerra”.
También denunció que han intentado contactarla a través de videollamadas para notificarle la amenaza, y que pese a haber reportado todos estos hechos ante la Fiscalía, la Policía Nacional, la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección (UNP), no ha recibido una respuesta efectiva.
“Las únicas respuestas que recibí fueron una resolución de la UNP notificándome en octubre de 2024 que debilitarían mi esquema de seguridad, y la otra, de la Policía, indicando que las amenazas no representaban nada porque se enviaban por WhatsApp”, afirmó.
Solicitud urgente a organismos internacionales
Garrido fue enfática en pedir ayuda más allá de las fronteras colombianas. “Quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, al Parlamento Europeo, a la Misión de la ONU en Colombia, al Gobierno de los Estados Unidos, a usted, Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: por favor, ayúdenme a proteger a mi familia. Me quieren matar”.
Dirigiéndose al ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, agregó: “Solo le pido una cosa. Defienda como se debe, como manda la Constitución, a las personas de la vereda La Siberia, en el municipio de Tame, Arauca, que fue el lugar donde me citaron”.
La legisladora también dejó constancia pública de su estabilidad emocional ante la gravedad de los hechos, para evitar que cualquier desenlace sea tergiversado: “No estoy deprimida ni suelo atentar contra mi propia integridad. Disfruto de buena salud. Nunca me suicidaría”.
Denuncia contra el ministro de Salud por presuntas muertes evitables
Estas amenazas también surgen luego de que Lina María Garrido denunciara penalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al que calificó como “ministro de la muerte”. La congresista lo acusó ante la Fiscalía de ser responsable de un “concurso de homicidio de carácter sucesivo” debido, según ella, al colapso del sistema de salud que habría provocado muertes evitables.
La polémica se encendió luego de que Jaramillo afirmara durante una audiencia en el Senado que: “Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma, porque en la reforma nosotros hemos planteado que hay que pagar las deudas y debe ser el Estado quien las pague”.
Garrido replicó señalando que dicha declaración constituye “una admisión pública de responsabilidad penal” y que “no se trata de una omisión administrativa, sino de una conducta deliberada” que habría dejado sin atención médica a miles de colombianos.
“Expertos advierten que esta crisis, que usted con intención ha generado en las EPS, podría aumentar la mortalidad hasta en un 25%, debido a las demoras en tratamientos de enfermedades crónicas y atención de urgencias. Eso significa 9.100 muertes adicionales cada año”, alertó en otra publicación de X.
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