Más de 150 usuarios del sistema de salud en el departamento de Córdoba denunciaron traslados no autorizados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), según informó la Gobernación de Córdoba.
La situación, que afecta a varios municipios de la región, ha generado preocupación entre las autoridades locales, que solicitaron a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) que investigue las causas detrás de estos movimientos irregulares.
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El secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Javier Olea, confirmó que hasta el momento se han identificado 151 casos de traslados no consentidos.
Según detalló, los movimientos incluyen 33 usuarios transferidos de la EPS Mutual Ser a Cajacopi, 86 usuarios a Coosalud y un caso de Nueva EPS a Coosalud.

“Desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud del departamento de Córdoba estamos del lado de los usuarios. Hemos recibido reportes de distintos municipios de nuestro departamento a través de las Direcciones Locales de Salud y EPS acerca del traslado de usuarios entre EPS de manera irregular, sin el consentimiento ni la consulta previa de los usuarios”, expresó el secretario de Salud de Córdoba, Javier Olea.
Además, se reportaron situaciones específicas en los municipios de Puerto Escondido y Puerto Libertador, donde se trasladó a 12 y 19 personas, respectivamente, a la EPS Familiar de Colombia, una entidad que no está habilitada para operar en esas localidades.
En muchos de estos casos, los usuarios afectados requieren tratamientos de alto costo, lo que agrava la problemática.
El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, también se pronunció al respecto, solicitando a la Supersalud que realice una investigación exhaustiva para determinar las razones detrás de estos traslados y garantizar que se respeten los derechos de los usuarios. Según las autoridades, las quejas han sido remitidas a la entidad reguladora para que tome las medidas correspondientes.
En relación con los traslados en Puerto Escondido y Puerto Libertador, la Dirección Local de Salud de Puerto Escondido informó que 12 integrantes de un cabildo indígena fueron transferidos a la EPS Familiar de Colombia sin autorización.
Esta misma situación se replicó en Puerto Libertador con 19 personas. En ambos casos, los traslados se realizaron sin solicitud previa por parte de los usuarios, lo que contraviene las normativas vigentes.
“Tenemos dos casos que nos preocupan desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud, el caso de Puerto Escondido y el caso del municipio de Puerto Libertador, en Puerto Escondido. Constatamos que 12 usuarios de un cabildo indígena fueron trasladados a la EPS familiar de Colombia. Lo que preocupa es que EPS ni siquiera está habilitada en el territorio del municipio de Puerto Escondido”, expresó el funcionario.
Ante este panorama, la Gobernación de Córdoba instó a los usuarios afectados a tomar medidas legales para restablecer sus derechos.
“Algunos de estos pacientes tienen enfermedades de alto costo que tienen que ser atendidos de manera urgente en Puerto Libertador. Se han presentado que 19 usuarios fueron trasladados hacia esta misma EPS desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud”, añadió Olea.
Según explicó la administración departamental, los afectados pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía y, posteriormente, solicitar a su EPS original que los reincorpore.
Sin embargo, este proceso puede tardar hasta tres meses, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2353 de 2015, que regula los procedimientos de afiliación y traslado entre EPS.
El artículo 50 de este decreto establece el tiempo mínimo de permanencia requerido para solicitar un cambio de EPS, lo que complica aún más la situación para los usuarios que fueron trasladados sin su consentimiento.

La Gobernación también hizo un llamado a los afiliados para que reporten cualquier irregularidad y utilicen los mecanismos legales disponibles para garantizar su derecho a elegir la EPS que les preste los servicios de salud.
Este derecho está protegido por la normativa vigente, que busca asegurar que los usuarios puedan acceder a un sistema de salud que cumpla con sus necesidades y expectativas.
“Ya elevamos el reclamo a la Superintendencia Nacional de Salud para que en el marco de sus competencias, tome las medidas e indague acerca de estos traslados irregulares. Los usuarios que hayan sido objeto de estos traslados irregulares pueden acercarse a la Fiscalía, donde pueden interponer una denuncia y acercarse a su EPS para que nuevamente sean afiliados”, concluyó el secretario de Salud departamental.
La problemática de los traslados no autorizados en Córdoba pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los usuarios del sistema de salud en Colombia, especialmente en regiones donde el acceso a servicios médicos de calidad es limitado.
Las autoridades locales y nacionales deberán trabajar de manera conjunta para esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
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