El exsenador José Ignacio Mesa Betancur, miembro del partido Cambio Radical, deberá cumplir una condena de seis años y tres meses de prisión tras ser hallado culpable de mantener vínculos con grupos paramilitares y la estructura criminal conocida como la Oficina de Envigado.
Según informó la Corte Suprema de Justicia, el político antioqueño fue sentenciado por el delito de concierto para delinquir agravado, al haber utilizado su posición como servidor público para favorecer los intereses de estas organizaciones ilegales. Además de la pena privativa de libertad, Mesa Betancur fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo y deberá pagar una multa equivalente a 3.000 salarios mínimos mensuales, que asciende a aproximadamente $4.270 millones.
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De acuerdo con la investigación judicial, entre 1994 y 2006, Mesa Betancur estableció alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la Oficina de Envigado, específicamente con dos de sus líderes, Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, y Gustavo Upegui, que también fue presidente del Envigado Fútbol Club. Estas conexiones le habrían permitido obtener apoyo económico y electoral para sus campañas políticas, tanto para la Alcaldía de Envigado como para el Senado de la República. En contraprestación, el exsenador habría puesto al servicio de estas organizaciones su influencia como funcionario público, facilitando la expansión de sus actividades ilegales y permitiendo que estas estructuras criminales penetraran las instituciones estatales.
La Corte Suprema de Justicia destacó que Mesa Betancur, como dirigente político en el departamento de Antioquia, traicionó su deber de garantizar la convivencia pacífica y el cumplimiento de un orden justo, principios esenciales del Estado. Según el fallo, el político buscó beneficios personales mediante su asociación con grupos armados ilegales, y contribuyó al fortalecimiento de estas organizaciones en un contexto de dominio paramilitar que marcó a Medellín y el Valle de Aburrá durante más de una década.
El tribunal también rechazó la solicitud de la defensa de Mesa Betancur para que se le otorgara prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena. La Sala Especial de Primera Instancia argumentó que la gravedad de los hechos y la naturaleza de los delitos cometidos justificaban que el exsenador cumpliera su condena en un centro penitenciario. Con base en el comunicado de la Corte, quedó demostrado que el político utilizó su posición de poder para promover los intereses de la Oficina de Envigado, una estructura que, en ese entonces, buscaba consolidar su control territorial y político mediante la cooptación de las instituciones públicas.
El caso de Mesa Betancur evidencia los nexos entre algunos dirigentes políticos y grupos armados ilegales en Colombia, al tiempo que refleja el impacto de estas alianzas en el fortalecimiento de estructuras criminales como la Oficina de Envigado. Esta organización, que surgió inicialmente como un brazo armado al servicio del extinto narcotraficante Pablo Escobar, evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una de las redes criminales más influyentes del país, involucrada en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato.
La sentencia también hace referencia al papel de la familia de Mesa Betancur en la política local. Su padre, Jorge Mesa, fue fundador del Departamento de Seguridad y Control, una entidad que, aunque inicialmente se presentó como un organismo cívico, terminó siendo utilizada como un grupo armado al servicio de Escobar. Este antecedente familiar, sumado a los vínculos del exsenador con la Oficina de Envigado, refleja la compleja relación entre el poder político y las estructuras criminales en la región.
Entre 1994 y 2006, periodo en el que se desarrollaron los hechos investigados, Medellín y el Valle de Aburrá vivieron una etapa de fuerte influencia paramilitar. Durante este tiempo, las AUC y la Oficina de Envigado consolidaron su control sobre amplios sectores del territorio, ejerciendo un dominio que no solo se limitaba al ámbito criminal, también se extendía a la política y la economía. La Corte explicó que este contexto permitió que candidatos como Mesa Betancur accedieran a cargos de elección popular con el respaldo de estas organizaciones, lo que a su vez facilitó la implementación de sus proyectos de expansión.
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