Tres mandatarios locales del departamento de Cundinamarca enfrentan procesos en el Consejo de Estado, lo que podría derivar en decisiones que comprometan su permanencia en los cargos.
Se trata de los alcaldes de Soacha, Julián Sánchez Acosta —conocido como ‘Perico’—; de Chía, Leonardo Donoso Ruiz; y de Tocancipá, Walfrando Adolfo Forero.
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Las causas que involucran a estos tres funcionarios se encuentran en diferentes etapas procesales, pero comparten un punto común: las revisiones en curso por parte del alto tribunal, en el marco de decisiones disciplinarias tomadas por la Procuraduría General de la Nación.
En el caso de Walfrando Forero, actual alcalde de Tocancipá, el expediente fue registrado en el Sistema de Administración de Procesos del Consejo de Estado (SAMAI) como “Recurso extraordinario de revisión promovido contra la decisión del 14 de diciembre de 2023, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, de servidores públicos de elección popular”.
La sanción objeto de revisión corresponde a una inhabilidad por diez años para ejercer cargos públicos. La medida fue adoptada por el Ministerio Público, tras encontrar un presunto incremento patrimonial injustificado cercano a los 1.000 millones de pesos. En diciembre del año anterior, esta sanción fue ratificada en segunda instancia.
Por su parte, Leonardo Donoso Ruiz, actual alcalde de Chía, también enfrenta una revisión por parte del Consejo de Estado.
El proceso está a cargo del magistrado Luis Eduardo Mesa, quien estudia los argumentos presentados en contra de una decisión disciplinaria tomada por la Procuraduría el 11 de septiembre de 2024.
El caso de Donoso también fue registrado en SAMAI con la descripción: “Recurso extraordinario de revisión promovido contra la decisión de 11 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, de alcalde de Chía”.
La Procuraduría había impuesto una inhabilidad de nueve años al actual mandatario de Chía.
La medida disciplinaria está relacionada con un contrato para alumbrado público por valor de 14.000 millones de pesos, adjudicado durante su anterior periodo como alcalde, entre los años 2016 y 2019.
En cuanto a Julián Sánchez Acosta, alcalde del municipio de Soacha, el origen de su caso es una acción de tutela promovida por una ciudadana identificada como Yeny Yomaira Garzón.
La demandante solicitó que se dejara sin efecto una sentencia previa que desestimó su petición de nulidad contra la elección de Sánchez como alcalde.
La tutela alega que se incurrió en “defectos fácticos y desconocimiento del precedente”. En su argumento, Garzón señaló que no fue valorada adecuadamente una prueba considerada esencial para la resolución del caso.
Dicha prueba sería “el acta de posesión 0006 del 31 de diciembre de 2023 (...) en el cargo de alcalde de Soacha para el periodo 2024-2027, no obstante que, para ese entonces, fungía como diputado de la Asamblea de Cundinamarca”.
El expediente sobre el caso del alcalde de Soacha también se encuentra en revisión, y fuentes cercanas al alto tribunal indicaron que en los próximos días podrían tomarse decisiones de fondo en los tres casos.
Las situaciones legales de estos mandatarios cobran especial relevancia por tratarse de municipios con una importante incidencia política y administrativa en Cundinamarca.
Tanto Soacha como Chía y Tocancipá son territorios clave en el desarrollo urbano y económico de la región, y cualquier cambio en sus administraciones podría tener efectos a nivel local y departamental.
El Consejo de Estado analiza los recursos de revisión de manera individual, considerando los argumentos jurídicos presentados por las partes. Las decisiones finales podrían confirmar, modificar o revocar las sanciones impuestas por la Procuraduría, dependiendo de los hallazgos en cada uno de los expedientes.
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