
La alcaldía de Bogotá presentó dos denuncias ante al Fiscalía General de Nación relacionadas con la presencia de la comunidad embera en el Parque Nacional.
De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, las denuncias están vinculadas a la presunta instrumentalización de menores en las protestas y actos de constreñimiento por parte de la comunidad.
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Estas acciones legales se producen tras varios días de ocupación del parque por parte de un grupo de indígenas que exige mejores condiciones de vida y soluciones a su situación de desplazamiento.
Según las declaraciones del secretario de Integración Social, Roberto Angulo, la llamada guardia indígena ha obstaculizado en repetidas ocasiones las labores de las autoridades locales, especialmente aquellas relacionadas con la atención a niños y mujeres.

Actualmente, las autoridades han identificado la presencia de 56 menores de edad en el Parque Nacional, muchos de ellos menores de siete años. Según reportó la Alcaldía, estos niños han estado expuestos a condiciones precarias, durmiendo al aire libre sin carpas ni cobijas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional y distrital por establecer un diálogo con los líderes de la movilización, las propuestas de reubicación y albergue temporal han sido rechazadas por la comunidad embera.
Además, Angulo compartió recientemente en su cuenta de X que también se radicó la denuncia ante la Fiscalía General de Nación por presunta instrumentalización de niños Emberá en microtráfico en el barrio San Bernardo, en el centro de la capital.
“El equipo de Infancia realizó acompañamiento frente a la situación que presuntamente involucra a menores de edad en dinámicas asociadas al microtráfico”, detallo la Secretaria de Integración Social.
Las autoridades aseguran que esto prende las alarmas al traerse de una zona en la que menores de edad evidencian una problemática creciente del consumo de sustancias psicoactivas.

“El Gobierno distrital rechaza de manera tajante cualquier hecho que pretenda instrumentalizar a niñas, niños o adolescentes y reitera que sus derechos deben ser garantizaron en todo momento”, agregó la Secretaria de Integración Social.
Además, se conoció qué menores de edad pertenecientes a la comunidad embera también estarían siendo instrumentalizados para formar parte de la guardia indígena y tomarse el Parque Nacional, según lo detalló el secretario de seguridad , César Restrepo.
“Ninguna norma en Colombia permite ordenar niños menores de edad en actividades de seguridad con elementos que pueden servir para entrar en confrontación o en actitudes agresivas”, aseguró el secretario.
Concejal rechazó las declaraciones de instrumentalización de menores del secretario de Integración Social
El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy, representante de la comunidad indígena en Bogotá, exigió una disculpa pública al secretario Distrital de Integración Social, Roberto Angulo, por las declaraciones en las que este último acusó a la guardia indígena de “instrumentalizar a menores de edad” durante las protestas pacíficas realizadas en el Parque Nacional.
Según Bastidas, estas afirmaciones no solo son inaceptables, también afectan el buen nombre de la comunidad Embera y su histórica lucha por los derechos humanos, la autonomía y la preservación de su cultura.

De acuerdo con lo expresado por el cabildante, las declaraciones de Angulo estigmatizan a una organización ancestral que ha desempeñado un rol crucial en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Bastidas subrayó que, en caso de que existan situaciones específicas que ameriten intervención, estas deben ser denunciadas de manera individual ante las autoridades competentes, evitando generalizaciones que perpetúen la discriminación hacia una comunidad históricamente marginada.
“Dichos pronunciamientos son inaceptables, pues estigmatizan a una organización ancestral no violenta que ha jugado un papel clave en la protección de su comunidad, en defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas”, afirmó el concejal.
El contexto de estas protestas, según Bastidas, radica en las condiciones de vida indignas que enfrenta la comunidad Embera en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida, así como en albergues y pagadiarios ubicados en el centro de Bogotá.
Estas manifestaciones, que se desarrollan en el Parque Nacional, son una respuesta directa al incumplimiento de las obligaciones estatales hacia esta población, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan medidas de protección y atención integral.

El cabildante enfatizó que la lucha de la comunidad Embera no solo busca visibilizar las condiciones precarias en las que viven, además de exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. Según Bastidas, las declaraciones de Angulo no solo desvían la atención de las demandas legítimas de esta población, pues contribuyen a perpetuar estereotipos negativos que afectan la percepción pública de los pueblos indígenas.
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