El 8 de mayo de 2025, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la ex asesora del Ministerio de Hacienda y enlace de la entidad con el Congreso de la República María Alejandra Benavides Soto por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria, que salpicó en el escándalo al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, será investigada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo.
De acuerdo con el ente acusador, la hoy procesada habría recibido instrucciones expresas de admitir proyectos contractuales en los que senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se interesaron de manera ilícita. Los contratos habrían sido suscritos a cambio de que los legisladores votaran las operaciones de crédito público que la cartera había presentado al Congreso.
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“Benavides Soto habría participado en la reunión en la que se solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios”, detalló la Fiscalía en un comunicado.
En la audiencia de imputación de cargos, la fiscal delegada María Patiño afirmó que el exministro Ricardo Bonilla, que fue jefe de María Alejandra Benavides, dio instrucciones a la exasesora de que llevara a cabo la gestión de los contratos por medio de Olmedo López.
Defensa de Ricardo Bonilla negó señalamientos en su contra
Así las cosas, el abogado Jorge Mario Gómez Restrepo emitió un comunicado en representación del equipo jurídico del ex jefe de cartera, en el que reafirmó la inocencia de su clienta, desligándolo de los señalamientos de la Fiscalía y de las acusaciones que la misma Benavides ha hecho en su contra.
Según la defensa, el exministro siempre actuó con transparencia y legalidad en el ejercicio de sus funciones como líder del Ministerio de Hacienda y en ningún momento dio órdenes relacionadas con el direccionamiento de contratos de la Ungrd con el fin de beneficiar a terceros, específicamente, a congresistas del Senado y la Cámara. “Nunca impartió instrucciones”, aclaró.
Además, indicó que entre las tareas que tenía que cumplir Ricardo Bonilla no estaban incluidas la ejecución de contrataciones, la ordenación del gasto. Incluso, tampoco tenía participación en los procesos contractuales que se llevaran a cabo entonces.
“Su función es técnica y se limita a estructurar el presupuesto general de la nación para ser sometido a aprobación del congreso de la república y hacer su seguimiento. Cualquier actuación irregular de terceros no fue consultada ni autorizada por el exministro”, detalló el equipo jurídico en el comunicado.
Por otro lado, aseguró que hasta el momento no ha sido presentada ante la justicia ninguna evidencia que indique que, en efecto, el ex jefe de la cartera actuó de manera irregular buscando beneficiar a los legisladores y afectando así el patrimonio público. Tampoco hay pruebas de que haya dado instrucciones sobre el direccionamiento de contratos, como indicó la fiscal del caso.
“Siempre hemos estado prestos a atender los llamados de la justicia. El exministro ha comparecido y seguirá compareciendo ante las autoridades competentes, reafirmando su compromiso con el respeto al orden jurídico”, concluyó la defensa de Bonilla.
No obstante, las investigaciones iniciales de la Fiscalía indican que María Alejandra Benavides, por instrucciones del exministro de Hacienda, intervino en el direccionamiento de tres contratos que serían ejecutados en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos, en conjunto, alcanzan los $92.000 millones.
Benavides debía gestionar la orientación de los contratos con Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que, a su vez, designó al ex subdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla para que se encargara de todas esas actividades ilícitas.
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