Petro estaría incurriendo en victimismo al denunciar una supuesta censura en su contra: experto advirtió sobre presunto abuso de poder

El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa desatando una fuerte controversia por su insistencia en transmitir sus discursos a través de las cadenas nacionales y, al no lograrlo, acusar tanto a los organismos judiciales como a los canales privados de censurar sus posiciones políticas. Estas alocuciones, que históricamente se han reservado para situaciones de urgencia nacional, han sido repetidamente utilizadas por el jefe de Estado en contextos que, una gran mayoría, consideran innecesarios, y que se estaría abusando del espectro electromagnético a su favor.

Según el jefe de Estado, en su aparición en cadena nacional el lunes 5 de mayo, durante décadas, ha existido lo que él describió como un “manto de impunidad judicial e impunidad informativa”, que ha sido diseñado para impedir que los colombianos conozcan la verdad sobre lo que realmente ocurre en su país. “Se ha manipulado la información en Colombia”, acotó el presidente, al indicar que ciertos grupos poderosos, incluidos los intereses privados, controlan el flujo de la información para que el público no reciba las verdades incómodas.

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“Por decisiones de tipo judicial, este tipo de intervenciones están bajo censura. No hay otra palabra que expresar, sino de censura”, agregó Petro, refiriéndose al bloqueo de la alocución presidencial del 1 de mayo de 2025, que obligó a que se transmitiera durante la tarde del martes 6 de mayo, como en efecto ocurrió desde las 6:00 p. m. Y es que, según indicó, se trata de una determinación generalizada que limita el acceso del pueblo a la información.

En vista de que los reclamos son frecuentes, el profesor Fabio Pulido, jefe del departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución de la Universidad de La Sabana, habló con Infobae Colombia de esta situación. De acuerdo con el académico, esta práctica responde más a una estrategia política que a una necesidad de comunicación urgente con la población, por lo que hizo algunas precisiones de cómo, en vez de que el gobernante esté siendo silenciado, lo que se está afectando es la pluralidad informativa.

La insistencia de Petro en las cadenas nacionales

En primer lugar, y para hacer énfasis en un tema que ha sido tema de dominio público, Pulido señaló que la repetida utilización de las cadenas nacionales por parte del presidente no obedece a motivos de urgencia, sino a un juego político para influir en la opinión pública y fortalecer su imagen de cara a las futuras elecciones. “Él ha entendido que los Consejos de Ministros y esa forma de transmitirle le ha servido políticamente, y es dentro de muchos análisis, una forma de hacer política ya para las próximas elecciones”, agregó el docente.

Para Pulido, el uso de las cadenas nacionales por parte de Petro es, en muchos casos, un abuso del derecho. Para respaldar su afirmación, el académico afirmó que la ley que regula las alocuciones, vigente desde los años noventa, no fue diseñada para situaciones como las que está viviendo el primer mandatario, que utiliza este espacio para fines estrictamente políticos. “Es un abuso del derecho y juega con la ambigüedad de los conceptos de alocución y de urgencia”, declaró. Y agregó que lo que está haciendo Petro, claramente, no hace parte de lo dispuesto en estos casos. “Ese tipo de alocuciones no es lo que la ley pensó, ni lo que estaba previsto en la legislación original”, precisó.

Y es que la ley que representa el contexto legal de las apariciones presidenciales, la 182 de 1995, que establece las bases generales para la comunicación pública del presidente, fue concebida en un contexto en el que los medios de comunicación eran limitados, sin la proliferación de redes sociales y canales privados como los de hoy. Por ello, según Pulido, ya está desactualizada y no tiene en cuenta los cambios que ha experimentado la comunicación pública en las últimas décadas.

“Es una ley de hecho bastante vieja, cuyo contexto era una comunicación gubernamental que se reducía a la televisión y a la radio, sin redes sociales y sin tantas cadenas. Está descontextualizado y se está usando para un juego político”, dijo el jefe del departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución de La Sabana; en contraste de lo dicho por Petro, que aseguró a su favor de que el verdadero enemigo de la sociedad es la mafia, que “le quita el poder a la ciudadanía”.

En ese sentido, el profesor también reiteró que las alocuciones, que deberían ser espacios limitados a situaciones de emergencia o de interés nacional urgente, se han convertido en una herramienta de propaganda: un uso que no está contemplado por la normativa actual. Esto no solo está siendo interpretado como una vulneración de las normativas vigentes, sino también como una manipulación de los recursos estatales con fines políticos, teniendo en cuenta que se avecinan elecciones al Congreso y la presidencia, en marzo y mayo de 2026, en el que el progresismo se juega su futuro como la primera fuerza política del país.

Otro de los aspectos controversiales en el debate que gira en torno al presidente, ha sido la acusación de censura que, de forma insistente, se ha encargado de promover lanzando toda clase de acusaciones. Petro indicó que ciertos sectores están tratando de silenciarlo y limitar su capacidad para comunicarse con la ciudadanía; sin embargo, Pulido considera que estos señalamientos no son más que una estrategia de victimización.

“Lo que pasa es que a él efectivamente le gusta ponerse en la posición de víctima y hacer parecer de que es un discurso que los medios dominantes quieren esconder, pero no hay censura”, afirmó Pulido. Y acotó que, de hecho, las autoridades públicas deben tener en cuenta que “ellos tienen una libertad de expresión limitada”.

Asimismo, explicó que la libertad de expresión de los funcionarios, especialmente la del presidente, está restringida en función de sus competencias y responsabilidades. A diferencia de un ciudadano común o un congresista, un presidente no puede emitir opiniones sin fundamento sobre temas ajenos a su ámbito de funciones. “Ellos no pueden dar opiniones sobre lo que les ocurra sin tener datos o información clara acerca de sus funciones”, explicó Pulido en diálogo con Infobae Colombia.

Y apuntó que, en realidad, Petro está utilizando el poder del Estado para incidir en los medios de comunicación privados, lo que podría interpretarse como una forma de censura, pero en sentido contrario. “Lo que está haciendo es utilizando el poder del Estado para evitar que unos privados, en este caso los canales privados, transmitan lo que ellos quieren. Entonces, uno podría decir al revés: el que está censurando es él, al utilizar los medios de forma desproporcionada”, señaló en su exposición de esta situación.

En consecuencia, la acusación de censura por parte de Petro es infundada y responde a una estrategia política más amplia. El mandatario, según el académico, ha adoptado la postura de que enfrenta un supuesto ataque de los medios de comunicación dominantes; cuando este tipo de discurso se percibe como una maniobra para obtener apoyo y preparar su terreno electoral. Por ello, más que una cuestión de libertad de expresión, lo que está en juego es el abuso de poder y el manejo inadecuado de los recursos estatales con fines personales y políticos.