Legalizaron la captura del señalado violador de 8 niños en jardín infantil del sur de Bogotá

Durante la noche del martes 6 de mayo, un juez con funciones de control de garantías en Bogotá legalizó la captura de Freddy Castellanos, el funcionario que es señalado de abusar sexualmente a por lo menos 12 niños entre los 2 y 3 años en un jardín infantil de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de la capital colombiana.

En el informativo de televisión Noticias RCN señalaron que la audiencia concluyó en la noche y de esta manera se le inicia el correspondiente proceso penal al hombre que cometió los vejámenes contra los pequeños en la mencionada institución que está adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

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Agregaron que para la tarde de este miércoles se le lleven a cabo las audiencias de imputación de cargos, y en la que se decidirá si le imponen o no medida de aseguramiento, con privación de la libertad.

Castellanos fue capturado en la mañana del martes, sin embargo, la comunidad no solo demanda sanciones ejemplares contra el presunto abusador sexual, sino también respuestas por parte de las entidades que, según denuncian, habrían actuado con negligencia en este caso.

Precisamente, y simultáneamente a la judicialización del exfuncionario del jardín infantil, los habitantes del barrio Villa Javier, donde se dieron los deleznables hechos, protestaron para expresar su indignación.

Según informó la Secretaría de Movilidad, las manifestaciones afectaron la movilidad en la calle 11 sur con carrera 10, donde se registraron bloqueos tanto en la calzada mixta como en la exclusiva, generando retrasos significativos en el tráfico.

La comunidad de Villa Javier ha señalado que su protesta no solo busca justicia para las víctimas, sino también llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en las instituciones educativas. Los padres de los menores afectados han manifestado su preocupación por la falta de acciones preventivas y correctivas por parte de las autoridades competentes, lo que, según ellos, permitió que estos hechos ocurrieran.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dispuso el cierre definitivo del hogar infantil Canadá Sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, tras conocerse una denuncia de presunto abuso sexual cometido por un agente educativo de la institución. Este caso involucra al menos a ocho menores y ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Según Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora nacional del Icbf, los hechos salieron a la luz el sábado 3 de mayo, cuando la madre de uno de los niños que asistía al jardín infantil alertó a las autoridades sobre un posible caso de violencia sexual. El Icbf activó inmediatamente los protocolos establecidos, enviando un equipo técnico para recolectar información y presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía, que asignó el caso a su unidad especializada en delitos contra la niñez.

El presunto responsable, identificado como Freddy Arley Castellanos Velasco, quien se desempeñaba como agente educativo, fue capturado el martes 6 de mayo, según confirmó la Policía. La directora del Icbf destacó que la entidad actuó con celeridad desde el momento en que se conoció la denuncia, priorizando la protección de los derechos de los menores.

El cierre del hogar infantil se llevó a cabo como una medida para garantizar la seguridad de los niños y prevenir la repetición de incidentes similares. En declaraciones de Cáceres Cárdenas, la institución está comprometida con la protección de la infancia y trabajará para esclarecer los hechos y brindar el apoyo necesario a las familias afectadas.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía continúan para determinar el alcance de los delitos y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el Icbf reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y ha puesto a disposición de las familias un equipo para ofrecer acompañamiento psicológico y legal.

Este caso ha generado gran indignación entre padres de familia y en la ciudadanía, quienes exigen justicia y medidas más estrictas para prevenir este tipo de situaciones en entornos educativos. La captura del presunto agresor y el cierre del jardín representan, hasta el momento, las primeras acciones concretas en respuesta a este grave incidente.