La consulta popular impulsada por el Gobierno tendría un costo superior a los 700 millones de pesos: Registraduría dio cifra exacta

La Registraduría Nacional del Estado Civil estimó en un rango entre 700 y 750 mil millones de pesos el costo de la consulta popular promovida por el Gobierno Petro, en caso de que sea aprobada por el Congreso de la República.

La cifra fue revelada durante una sesión de la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral en el Congreso, en la que se abordaron los retos logísticos y financieros de los procesos electorales previstos para 2025 y 2026.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el valor calculado para este mecanismo de participación ciudadana es comparable al que demandan las consultas interpartidistas programadas para octubre de este año. Según la entidad, el despliegue logístico debe contemplar la atención a la totalidad del censo electoral, compuesto por más de cuarenta millones de ciudadanos, sin importar cuántas personas finalmente acudan a las urnas.

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“Es una consulta en la que hay que llamar a los cuarenta millones de personas, voten tres o voten cuatro millones, o uno o quinientos mil, se debe preparar logística para los cuarenta millones y medio de ciudadanos”, señaló.

Ante el elevado presupuesto requerido, la Registraduría ha evaluado estrategias para contener los costos mediante economías de escala.

Una de las medidas incluye la reducción del número de mesas de votación y el aumento del número de sufragantes por cada mesa, lo que permite disminuir los gastos operativos asociados al montaje de cada punto de votación.

Durante la sesión, el registrador también se refirió a los esfuerzos interinstitucionales orientados a garantizar la transparencia de los comicios.

En ese sentido, anunció la propuesta de reactivar dos instancias clave en la lucha contra los delitos electorales: la Comisión de Política Criminal Electoral y la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales. La iniciativa ya fue discutida con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el propósito de anticiparse a prácticas ilegales como la trashumancia electoral.

“Hablé con Luz Adriana Camargo, la fiscal general, para activar la Comisión de Política Criminal Electoral y la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales para poder actuar rápido y con el suficiente tiempo para temas como, por ejemplo, la trashumancia o popularmente conocido como el trasteo de votos”, afirmó.

Asimismo, Penagos informó que se viene trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para garantizar condiciones de seguridad en las zonas más vulnerables del país. Según el registrador, ya se han identificado los municipios que presentan mayores desafíos en materia de orden público y se ha iniciado un plan de acción conjunta con el Ejército y la Policía para facilitar el ejercicio libre y seguro del derecho al voto.

Estos anuncios se dan en el marco de la preparación de las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2026, así como de otros eventos electorales clave del calendario democrático nacional.

Tras el anuncio de la consulta popular en la plenaria del Senado del martes 6 de mayo de 2025, los partidos de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro tendrán un encuentro privado para definir sus estrategias para detener el avance de esta iniciativa gubernamental.

El encuentro se desarrolla en la mañana del miércoles 7 de mayo, en un hotel del norte de Bogotá, donde se concentrarán los directivos de los partidos Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador, según reveló Semana.

Aunque oficialmente la colectividad conservadora ha manifestado su postura independiente a las políticas del actual mandatario de los colombianos, los recientes ataques por parte del jefe de Estado hacia el movimiento político han generado su descontento hacia la propuesta que fue radicada en respuesta al archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

Previo al encuentro, se conoció una carta de Germán Córdoba, director nacional de Cambio Radical, dirigida a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, donde plantea la necesidad de consolidar una unión entre partidos de oposición y colectividades independientes para evitar que la consulta popular sea avalada en el Senado.

“Como partidos de oposición y que no respaldamos este mecanismo, no podemos ser indiferentes ante las amenazas del presidente Petro, quien pretende imponer la consulta por las vías de hecho: “Si va a negar la consulta mientras discuten en la Comisión Primera... El pueblo tendrá, entonces, la posibilidad de actuar de otras maneras”, se lee en la misiva enviada el 1 de mayo de 2025.