
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) alertó sobre la ocupación ilegal de predios por parte del Clan del Golfo, un grupo armado que ha tomado control de tierras previamente entregadas por los extintos paramilitares.
Según informó Felipe Harman, director de la ANT, esta situación representa un riesgo inminente para los campesinos y para los esfuerzos de la reforma agraria en Colombia.
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En declaraciones a Caracol Radio, Harman denunció que los funcionarios de la entidad han sido intimidados y obstaculizados en su labor de delimitar y recuperar estos terrenos.
El director explicó que miembros del Clan del Golfo han llegado hasta los hoteles donde se hospedan los trabajadores de la ANT, portando información personal como nombres y números de identificación, para exigirles que abandonen los municipios donde realizan sus labores.

“La semana pasada se han acercado a hoteles en donde estaban quedándose nuestros funcionarios con nombre y cédula en mano, que además no sé cómo consiguen esos datos, a solicitarles que de forma inmediata salieran de esos municipios y en otra comisión en el bajo cauca no nos permitieron el ingreso”, afirmó el director de la entidad en declaraciones a Caracol Radio.
Además, en regiones como el Bajo Cauca, las comisiones de la ANT fueron impedidas de ingresar a los predios en disputa. Estas acciones, según Harman, buscan frenar el avance de la reforma agraria y perpetuar el control de estas tierras por parte de estructuras criminales.
Los territorios afectados incluyen municipios como La Dorada, Cimitarra y Puerto Boyacá, áreas históricamente vinculadas al paramilitarismo.
Según Harman, estas tierras fueron utilizadas en el pasado para financiar actividades de grupos armados y ahora están bajo el control de alias Botalón, un exjefe paramilitar que participó en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La ANT ha iniciado conversaciones para identificar y recuperar estos predios, pero enfrenta serios desafíos debido a la presencia de estas estructuras ilegales.
En este contexto, la ANT exigió que se respete a los campesinos y que no se interfiera en los trabajos relacionados con la reforma agraria. Harman enfatizó la necesidad de denunciar públicamente la ocupación de estos bienes por parte del Clan del Golfo y de garantizar la seguridad de las comunidades rurales.

“Primero, no se metan con los campesinos y segundo no obstaculicen los trabajos de la reforma agraria. Pero sin duda alguna hay que identificar y denunciar abiertamente que esos bienes han sido ocupados por estas estructuras criminales”, expresó el funcionario.
Para ello, se establecerá una mesa de trabajo esta semana con el objetivo de evaluar las condiciones para la entrega de los predios y coordinar acciones que permitan proteger a los beneficiarios de la reforma agraria.
La reforma agraria es uno de los pilares del acuerdo de paz promovido por el actual gobierno, y la ANT logró formalizar hasta ahora 1,5 millones de hectáreas, con la meta de alcanzar los 2 millones de hectáreas tituladas.
Según Harman, este avance representa un tercio de los compromisos asumidos en el marco del proceso de paz. Sin embargo, la ocupación ilegal de tierras y las amenazas a los funcionarios y campesinos ponen en riesgo estos logros y podrían desencadenar una nueva ola de desplazamientos en las zonas afectadas.

La Agencia Nacional de Tierras solicitó el apoyo de todas las instituciones del Estado para garantizar la seguridad en los territorios y avanzar en la recuperación de las fincas ocupadas.
Harman subrayó que la materialización de la reforma agraria no solo implica la entrega de tierras, sino también la protección de los derechos de los campesinos y la consolidación de un modelo de desarrollo rural que permita superar las desigualdades históricas en el campo colombiano.
“Materializar la posibilidad de que muchos campesinos tengan tierra”, concluyó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.
En el desarrollo de la reforma agraria, la ANT ha formalizado 1.5 millones de hectáreas y se propone titular 2 millones, lo que el Gobierno considera la tercera parte del Acuerdo de paz.
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