Caso de Aguas Vivas: imputan cargos a 2 exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero

A Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana, y a Yina Marcela Pedraza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, las procesan ahora por el delito de interés indebido en la celebración de contratos

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La audiencia de imputación contra
La audiencia de imputación contra Daniel Quintero fue reprogramada para el 8 de abril tras múltiples aplazamientos - crédito Colprensa

Por el caso del presunto entramado de corrupción alrededor predio Aguas Vivas en Medellín, a dos exfuncionarias más de la administración del exalcalde Daniel Quintero fueron vinculadas oficialmente al proceso y les imputaron delitos en una audiencia reservada durante la noche del 7 de mayo.

Se trata de Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana, y Yina Marcela Pedraza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, que ahora responden por el delito de interés indebido en la celebración de contratos detallaron en la emisora Caracol Radio.

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Ambas son acusadas de haber modificado irregularmente el avalúo del terreno, una operación que podría haber favorecido intereses privados y que, según las autoridades, generó un posible detrimento patrimonial para la ciudad, recordaron en ese medio radial.

En abril, un juez de control de garantías avaló las imputaciones contra once personas inicialmente procesadas en el caso, entre ellas el propio exalcalde Daniel Quintero y varios de sus colaboradores cercanos. Todos los implicados, incluidos González y Pedraza, se han declarado inocentes de los cargos.

Con González y Pedraza, el número de personas vinculadas al proceso penal asciende a 13. En abril, un juez había avalado imputaciones contra once personas, entre ellas el exalcalde Quintero y varios de sus colaboradores. Todos los acusados, incluyendo las dos nuevas imputadas, se han declarado inocentes de los cargos, recordaron en Blu Radio.

El caso Aguas Vivas ha estado en el foco de atención debido a la supuesta intervención de diversas dependencias del Distrito para gestionar de manera cuestionada la entrega y posible compraventa del lote. Según las investigaciones, estas acciones habrían beneficiado a entidades privadas, situación que ya había llevado a imputaciones previas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Regaño de la jueza

La audiencia contra Quintero y
La audiencia contra Quintero y otros 10 implicados por Aguas Vivas se reanudó el lunes 21 de abril - crédito redes sociales

Durante la audiencia más reciente, la jueza a cargo del caso llamó la atención sobre el comportamiento de una de las imputadas, recogieron en la revista Semana.

La titular del juzgado expresó su descontento con la actitud de Ingrid Vanessa González, quien aparentemente mostró señales de burla durante el procedimiento.

“Me disculpa, señora fiscal, no sé cuál será el chiste para la indiciada Vanessa González, no sé cuáles son las señales y la risa que tiene, se trata de un proceso serio, la vinculación a un proceso penal, le solicito adecúe su comportamiento acorde al acto, con el respeto debido”, reprochó la operadora judicial.

Tanto Ingrid Vanessa González como Yina Marcela Pedraza han negado las acusaciones en su contra, manteniendo su postura de inocencia. Este caso continúa siendo uno de los más relevantes en la investigación de presuntos actos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero, según lo informado por diversos medios.

Medellín se vincula como víctima

En la imagen la ciudad
En la imagen la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Foto: Alcaldía de Medellín

El Distrito de Medellín mantendrá su papel como víctima en el caso judicial que involucra al exalcalde Daniel Quintero y al exsecretario Carlos Mario Montoya Serna, según lo determinó esta semana el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Las defensas de los acusados intentaron excluir al Distrito como parte civil, pero acabaron retirando el recurso que buscaba ese propósito, según reportó Caracol Radio.

Con esta decisión firme, el proceso judicial avanza hacia una nueva etapa. La Fiscalía tendrá 240 días para presentar el escrito de acusación, unificará los procesos y dará inicio formal a la fase de juicio, en la que se debatirán las responsabilidades penales de los implicados. Este periodo será decisivo, aunque no exento de tensiones. Mientras las defensas critican al ente investigador por falta de claridad en la imputación, el juez encargado ha señalado maniobras dilatorias que entorpecen el desarrollo procesal, de acuerdo con la misma emisora.