Oro colombiano sería casi imposible de pagar con nueva retención en la fuente que quiere el Gobierno Petro

La viabilidad del sector comercializador y exportador de oro en Colombia, así como los empleos de miles de trabajadores que participan en la cadena de valor de la minería formal, estarían en riesgo si se concreta el proyecto de decreto del Gobierno de Gustavo Petro que, con el afán de mejorar el recaudo tributario en 2025, aumenta las tarifas de autorretención y bases mínimas para practicar retención en la fuente en el país.

Como se recordará, con este, el Gobierno nacional propone, con un alto desconocimiento de esta actividad y sus impactos, que las compras de oro pasen de una tarifa de retención del 1% al 2,5%, lo que representa un aumento del 150%. Además, se propone una tasa de autorretención para la extracción de oro y otros metales preciosos del 4,5%, lo que representa un total del 7% por estos dos conceptos.

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Al respecto, las principales comercializadoras internacionales de oro del país rechazaron la medida y aseguraron que se viene un incremento injustificado y desproporcionado que desconoce la realidad de la actividad comercializadora de oro.

Según el vocero del gremio, César Díaz Guerrero, esto “pone en riesgo la viabilidad de una actividad que permite, por medio de procesos transparentes, generar divisas y facilitar la exportación del mineral producido por pequeños mineros, así como por medianas y grandes empresas dedicadas a esta actividad”.

Y es que el proyecto de decreto incentivaría la minería ilegal e informal, ya que impacta de manera directa la liquidez de las empresas mineras formales, que tendrían que destinar hasta el 7% de su caja en retenciones fiscales. Se trata de una carga muy compleja para las finanzas de cualquier industria y que, en la práctica pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas y representaría un incentivo a la informalidad.

Además, el impacto sería aún más crítico al considerar que muchas comercializadoras tendrían que acudir al sector financiero para sostener la operación.

Sin embargo, esto es completamente inviable, dado que los márgenes actuales del sector son inferiores al 1,5% y no permiten absorber costos financieros adicionales. Es decir, no existe capacidad para asumir ningún tipo de incremento sin comprometer la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Esto implicaría un riesgo inminente de desfinanciamiento de la cadena legal de comercialización del oro.

“Se afectan las comercializadoras internacionales que han sido un gran aliado del Gobierno Nacional en procesos de formalización y en la búsqueda de mejores condiciones para los pequeños mineros. Se trata de un sector generador de divisas, enmarcado en procesos con trazabilidad y transparencia, en alianza con entidades financieras”, anotó Díaz Guerrero.

De igual manera, expuso que “medidas como esta promueven aún más la alta informalidad que existe en el sector”.

El impacto también recaería sobre los pequeños y medianos mineros que ejercen la actividad dentro de la legalidad, debido a que el modelo de retención propuesto los grava dos veces: deben asumir una retención al vender a las comercializadoras y, a la vez, ejecutar una autorretención al momento de facturar.

El doble gravamen desincentiva el cumplimiento normativo y hace económicamente inviable mantenerse dentro del marco legal, favoreciendo mecanismos informales o clandestinos de comercialización.

Las exportaciones de oro, que en 2024 superaron los USD3.000 millones, representan un renglón clave para la economía nacional. Además de aportar a un sector intensivo en mano de obra, dichas exportaciones contribuyen al desarrollo local y generan importantes ingresos por regalías.

Se estima que cerca del 50% de estas exportaciones se hacen por medio de comercializadoras internacionales.

“Existe un gran desconocimiento de esta industria. Los márgenes de operación son muy bajos; las comercializadoras operan con márgenes cercanos al 1,5%. Una retención del 2,5% haría inviables muchas operaciones. Esta es una medida desproporcionada, que afecta los canales formales de comercialización y, por ende, también la economía nacional a través de la disminución de regalías, divisas y otros aportes del oro legal”, manifestó el representante de comercializadoras internacionales.

Ante el panorama, las comercializadoras —que compran a los explotadores mineros autorizados en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) y comercializan en el exterior— estarían en condiciones desiguales frente a otros actores del mercado.

Precisamente, las mismas cumplen un rol central en la cadena formal del oro en Colombia y destinan cuantiosos recursos para fortalecer sus sistemas que garantizan la trazabilidad del material y así demostrar un alto grado de transparencia ante los entes de control.

El vocero considera que una política fiscal no debe impactar y hacer insostenibles sectores estratégicos para el país. “Desde hace años, Colombia ha venido promoviendo políticas de formalización, en las que las comercializadoras son un aliado clave. Medidas de alto impacto, como esta, atentan contra un sector legalmente constituido que garantiza regalías, empleos formales, buenas prácticas ambientales y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país”, concluyó Díaz Guerrero.

La industria espera que el Gobierno nacional abra espacios de diálogo para conocer y evaluar los altos impactos que esta medida tendría sobre un sector comprometido con la legalidad y la transparencia.