Gobernador de Antioquia celebra pensión vitalicia para adultos mayores en pobreza extrema y cuestiona políticas del Gobierno Nacional

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se refirió a los logros económicos del departamento. Habló de un balance de las políticas sociales que, en cifras y desde su perspectiva, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. En entrevista con El Colombiano, habló de la compra de pensiones vitalicias para 3.000 adultos mayores en condición de pobreza extrema, financiada con recursos liberados gracias al recorte de la burocracia departamental.

La iniciativa, según explicó, fue posible tras una reducción drástica en los gastos de funcionamiento del Gobierno seccional. El mandatario detalló que su administración gastó más de $200.000 millones menos de lo que había sido aprobado inicialmente en el presupuesto, recortando secretarías y contratos de prestación de servicios. Gracias a esos ahorros, se destinaron $70.000 millones a la compra de un bono pensional mensual de $225.000 para personas mayores de 60 años, que además se encuentren en situación de pobreza extrema y cuenten con una discapacidad certificada.

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“De ese ahorro, lo que hicimos fue destinar $70.000 millones a comprarles una pensión vitalicia a los mayores que cumplan tres condiciones: uno, que estén entre 60 y 86 años; dos, que estén en pobreza extrema; y tres, que tengan una discapacidad certificada”, expuso.

Con este subsidio, que será administrado por Colpensiones y pagado mensualmente de por vida, se espera sacar de la indigencia a uno de los grupos poblacionales más vulnerables del departamento. Rendón afirmó que ya se han identificado y convocado a los primeros beneficiarios, y que se proyecta iniciar los pagos entre mayo y junio. Además, dejó abierta la posibilidad de ampliar la cobertura si se logran nuevos ahorros durante su administración.

El gobernador contrastó este esfuerzo regional con lo que considera una ausencia de acción por parte del Gobierno nacional. Aseguró que, a pesar de promesas presidenciales anteriores sobre bonos pensionales, los adultos mayores incluidos en este programa no han recibido aún ningún apoyo efectivo desde la Nación.

Durante la conversación con El Colombiano, Rendón también abordó el reciente cruce de declaraciones con el presidente Gustavo Petro a raíz de los señalamientos sobre presuntas irregularidades ambientales en la ejecución de Puerto Antioquia, en Urabá. A juicio del mandatario departamental, las exigencias del Presidente carecen de fundamento, ya que tanto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como Corpourabá han otorgado y supervisado debidamente los permisos para la obra.

El gobernador interpretó el mensaje del jefe de Estado como una actitud hostil hacia el desarrollo de infraestructura portuaria por parte del sector privado, y expresó preocupación por lo que percibe como un sesgo ideológico que pone trabas a proyectos clave para el desarrollo económico de la región.

Otro punto crítico de la entrevista fue el análisis de la situación de orden público en Antioquia. Rendón sostuvo que la política de Paz Total promovida por el Gobierno Nacional ha fracasado, lo cual –según él— se evidencia en el aumento de la presencia y poder de estructuras criminales como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Atribuyó este fenómeno a la sensación de impunidad generada por los ceses al fuego bilaterales y la designación de criminales como gestores de paz, decisiones que, según él, han debilitado la operatividad de la fuerza pública y puesto en riesgo la seguridad del territorio.

“Lo que hemos visto en las últimas dos semanas es la más cruda manifestación del fracaso de la Paz Total. La Paz Total le ha significado a Antioquia un crecimiento de disidencias Farc del 70% y el Clan del Golfo del 60% por esa sombrilla de impunidad”, señaló.

Recordó un episodio ocurrido en 2023, cuando miembros clave de las disidencias fueron detenidos por el Ejército, pero posteriormente liberados por decisión del Gobierno. Rendón consideró que esa oportunidad desperdiciada habría permitido desarticular una estructura criminal que desde entonces ha seguido causando violencia, incluso vinculada al asesinato reciente de soldados en el Guaviare.

El mandatario concluyó señalando que la verdadera paz no se construye negociando con criminales, sino garantizando seguridad, justicia y oportunidades sociales, y reiteró su compromiso con combatir la pobreza y la violencia en el departamento, pese a lo que calificó como la falta de liderazgo del Gobierno en estos temas.