Colombia enfrenta una situación fiscal delicada que, según economistas y centros de pensamiento, requiere decisiones urgentes y estructurales. La combinación de un gasto elevado, ingresos que no crecen al ritmo esperado y un endeudamiento creciente ha encendido las alertas entre expertos y organismos internacionales.
En dialogo con El Colombiano, Juana Téllez, economista jefe para Colombia del BBVA Research, advierte que el cumplimiento de las metas fiscales dependerá de mejoras institucionales urgentes, especialmente en el recaudo. “Buena parte del ajuste proyectado descansa en eficiencias que no se han materializado”, señaló.
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El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, coincide en que el país necesita un mayor esfuerzo fiscal, mientras que José Ignacio López, presidente de Anif, asegura que el recorte propuesto por el Gobierno –cercano a los 28 billones de pesos– resulta insuficiente frente al ajuste requerido, que podría superar los 40 o incluso 50 billones. Para López, la credibilidad del plan fiscal será clave para acceder nuevamente a líneas de financiamiento internacional.
“El recorte de $51 billones que se necesita no parece viable por ahora”, le dijo a el mismo medio el presidente de Anif.
A esto se suma la preocupación por la pérdida temporal de acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI), una herramienta que ha estado disponible desde 2009 y representa un respaldo crítico ante choques externos. Aunque el Gobierno afirma que la línea no ha sido suspendida sino que está en revisión, su reactivación depende de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, prevista para antes del 14 de junio, y del aval del FMI.
En paralelo, la caída en el recaudo tributario ha sido pronunciada. A pesar de un aumento global del 7% en los ingresos fiscales durante el primer trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, este avance dista mucho del 23% necesario para cumplir las metas del Plan Financiero. Impuestos fundamentales como renta e IVA han registrado caídas del 13% y 8%, respectivamente.
El déficit fiscal primario –excluyendo el pago de intereses de deuda– alcanzó el -0,9% del PIB en febrero, muy por encima de la meta del -0,2%, lo que evidencia que el Estado sigue gastando por encima de su capacidad real.
Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública, subraya que este desbalance no es nuevo: en 2023 se proyectaba un recorte presupuestal de 42 billones de pesos, pero solo se ejecutaron 28, lo que dejó una presión adicional de 19 billones sobre la caja del Estado. Además, el presupuesto general de 2025, aprobado por decreto, tiene un desfase de 12 billones de pesos entre ingresos y gastos.
“Tenemos una deuda pública que ya va por el 61% del PIB, peligrosamente cerca del límite del 65% que nos pusimos como ancla”, le dijo Amorcho a El Colombiano.
Desde una perspectiva más estructural, el economista Germán Machado, también consultado por el medio regional, plantea que el problema de fondo es que los ingresos del país no crecen al mismo ritmo que sus compromisos obligatorios, como pensiones, salud, educación y servicio de deuda. “El déficit fiscal de 2024 es tan alto como el registrado en la pandemia, pero sin una emergencia que lo justifique”, advierte.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha urgido al Gobierno a pasar del diagnóstico a la acción, con decisiones fiscales firmes que restablezcan la confianza de los mercados. Otros analistas proponen evitar nuevas reformas tributarias, y enfocarse en mejorar la eficiencia de la Dian, combatir la evasión y el contrabando, y optimizar el gasto público, especialmente en entidades con funciones redundantes.
Con este contexto, la situación fiscal también se ha reflejado en el crecimiento de la deuda pública. Desde agosto de 2022, cuando inició el actual gobierno, el saldo ha crecido en más de 260 billones de pesos. Según el FMI, al cierre de 2024 la deuda bruta llegó al 61,3% del PIB, muy cerca del ancla fiscal del 65%.
Finalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha advertido que el Gobierno estaría incumpliendo los límites establecidos por la ley para el manejo del gasto. Además, ha revelado que la caja del Estado alcanzó niveles históricamente bajos: a 31 de marzo de 2025, el saldo disponible en el Banco de la República era de apenas 10 billones de pesos, frente a un promedio histórico de 26 billones. Esta limitación compromete la capacidad del Gobierno para atender pagos inmediatos, ejecutar obras y sostener programas sociales.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, que será presentado en las próximas semanas, marcará un punto de inflexión. De su contenido dependerán tanto la credibilidad del ajuste como la posibilidad de recuperar acceso a financiamiento externo en condiciones favorables.
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