El jueves 1 de mayo de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció que inició una investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios de la alcaldía de Purificación (Tolima), debido a presuntas irregularidades en la gestión de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2022.
De acuerdo con el ente de control, el caso involucra al exalcalde Cristhian Andrés Barragán Correa y a los exsecretarios de Educación del municipio, Oscar Eduardo Tafur Villarreal y Deisy Leticia Ospina Devia, que serán investigados por su posible responsabilidad en la falta de ejecución de los fondos asignados al programa.
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Esto, a raíz de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría, en la que se detectaron hallazgos con presunta incidencia disciplinaria relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) destinados al PAE.
El informe reveló que el municipio no utilizó un total de $406.149.165, lo que afectó directamente a 1.579 niños priorizados en el programa.
“Esta situación se debió a la falta de gestión para coordinar el uso eficiente de los recursos y la escasa articulación con la Gobernación del Tolima para asegurar la continuidad del programa, resultando en una afectación directa a la población estudiantil", detalló el órgano de control.
El alcance de la investigación incluye esclarecer las razones detrás de la no ejecución de los recursos asignados y la ausencia de medidas para evitar la interrupción del programa desde septiembre de 2022.
Además, la Procuraduría busca determinar si las acciones u omisiones de los exfuncionarios constituyen una falta disciplinaria y, de ser así, proceder con las sanciones correspondientes.
Por último, la Procuraduría señaló que el proceso investigativo se centrará en determinar si los exfuncionarios incumplieron con sus deberes legales y administrativos al no garantizar el uso eficiente de los recursos públicos asignados al PAE.
Asimismo, se evaluará si hubo negligencia en la implementación de estrategias para coordinar con la Gobernación del Tolima, lo que habría permitido la continuidad del programa y evitado la afectación a los estudiantes.
Gobierno nacional convirtió PAE en política pública de Estado: en esto consiste
La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) y el Ministerio de Educación anunciaron la institucionalización del Programa de Alimentación Escolar (PAE) como una política de Estado, con el propósito de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Esta medida pretende blindar el programa frente a cambios políticos y consolidarlo como un derecho esencial para los niños y jóvenes del país.
Sebastián Rivera, director de la Uapa, afirmó que este cambio es un logro histórico, ya que, por primera vez en seis décadas, la alimentación escolar es reconocida mediante una política pública formal.
En ese contexto, es preciso señalar que esta política está estructurada en cinco pilares fundamentales. Primero, la alimentación escolar se declara un derecho esencial para el desarrollo integral de los estudiantes.
En el segundo, se crean mecanismos de financiamiento a largo plazo para garantizar la estabilidad y ampliación del programa. En el tercer, se mejorará la calidad nutricional de los alimentos y las minutas alimentarias, incluyéndose criterios técnicos y la participación comunitaria.
Entre tanto, el cuarto se centrará en fomentar la participación ciudadana, invitando activamente a estudiantes, familias y comunidades a involucrarse en la toma de decisiones.
Finalmente, se implementarán sistemas de monitoreo y evaluación para fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión del programa.
Esta iniciativa, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, también aborda retos estructurales relacionados con la seguridad alimentaria en el país. Para su construcción, se habilitaron espacios de consulta pública mediante un formulario en línea accesible en la web oficial www.alimentosparaaprender.gov.co y a través de las redes sociales de la entidad.
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