Gobierno incluyó a trabajadores de plataformas de transporte en pregunta de la consulta popular: “Quisimos ser más precisos”

En aras de lograr la aprobación e implementación de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro está impulsando una consulta popular que ya radicó ante el Senado de la República. La propuesta consta de 12 preguntas orientadas a identificar lo que piensa la ciudadanía sobre ciertos derechos laborales que se garantizarían con la reforma, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

Uno de los cuestionamientos tiene que ver con las condiciones de trabajo de los domiciliarios, cuya labor se liga a plataformas digitales como Uber y Didi. “¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?”, indica la pregunta número siete del listado.

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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró ante varios medios de comunicación que, teniendo en cuenta la realidad de las condiciones de trabajo de los domiciliarios, y que sus funciones se ejercen con medios de transporte, fue necesario incluir la pregunta en la consulta.

“Las plataformas de reparto incluyen también servicios de transporte y quisimos ser mucho más precisos”, aclaró.

Según detalló, los ciudadanos que trabajan con las aplicaciones digitales suelen estar en permanente riesgo con su actividad laboral, cuya remuneración no brinda todas las garantías que requieren para tener una vida digna.

En consecuencia, explicó que la solución a esos problemas está en la formalización de sus contratos, algo sobre lo cual espera que la ciudadanía discuta y decida.

“El mensaje y la pregunta que queremos hacerle a los colombianos es si quieren que esas personas que trabajan en desprotección total, que nos prestan un servicio con los domicilios a nuestras casas o a nuestras oficinas, cuenten con un contrato laboral acordado con el empleador”, detalló el funcionario.

La reforma laboral que archivó el Congreso abordaba, justamente, cambios para mejorar las condiciones laborales de los domiciliarios del país, que no solo son colombianos, también población venezolana que escapó de su país por los graves problemas económicos que allí afrontan.

El articulado relacionado con su trabajo fue aprobado con anterioridad por la plenaria de la Cámara de Representantes en octubre de 2024 y contempla la posibilidad de que los repartidores puedan ser empleados dependientes con un contrato laboral tradicional. También permite que, de común acuerdo con sus empleadores, laboren, más bien de manera independiente.

Pero, el hecho de que decidan trabajar en independencia no significa que estén desprotegidos. Pues la iniciativa establece nuevas responsabilidades para las empresas de plataformas de reparto. Deben asumir el 60% de los aportes en salud y pensión de los trabajadores y el 100% de los riesgos laborales.

Además, indica que las horas trabajadas sean la base para calcular el porcentaje de cotización a seguridad social que deben hacer. No obstante, todas estas modificaciones todavía no entrarán en rigor, porque la Comisión Séptima del Senado hundió el proyecto de reforma, el cual el Gobierno espera revivir por medio de la consulta popular, bajo el argumento de que miles de puestos se perderían por el incremento de los costos laborales que tendrían que asumir los empleadores.

De acuerdo con Luz Marina Fique, domiciliaria asociada a Rappi, las condiciones de trabajo de los repartidores no son las mejores y los ingresos que perciben no reflejan la labor que desempeñan a diario. Además, deben enfrentar episodios de discriminación y violencia por su oficio.

“Somos conscientes de no tener un lugar adecuado para trabajar, vivimos un maltrato y rechazo de la ciudad, las empresas se benefician de las ganancias sin aportar nada”, explicó la trabajadora, en conversación con Noticias Caracol.