La defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, pidió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que convoque con urgencia una audiencia de control para evaluar la suspensión del principio de oportunidad otorgado a Daysuris Vásquez Castro, su exesposa y principal testigo en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En una solicitud formal dirigida al alto tribunal, el abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda —representante legal de Petro Burgos y también de Laura Andrea Ojeda Estupiñán, actual pareja del investigado— argumenta que Vásquez ha incumplido los compromisos adquiridos con la Fiscalía al firmar el principio de oportunidad, legalizado el pasado 2 de febrero por el Juzgado 15 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla.
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“Se han acreditado hechos sobrevinientes y actuales que comprometen el cumplimiento del principio de oportunidad y vulneran principios de buena fe procesal, dignidad de las víctimas y confianza legítima en la administración de justicia”, advirtió Carranza en el documento dirigido a la Sala Penal.
Acusaciones por presunta intimidación, ostentación de bienes y presión mediática
El abogado sustenta su solicitud en varios hechos que, según él, desvirtúan los fines de la justicia premial. Entre ellos, señala que Vásquez ha incurrido en comportamientos que constituyen una revictimización hacia los procesados, además de realizar ostentación pública de bienes que son relevantes dentro del proceso judicial, como un vehículo Mercedes Benz de placa GZS 927 y un inmueble ubicado en el municipio de Tubará, Atlántico.
Asimismo, acusa a la mujer de haber ejercido presión e intimidación simbólica a través de redes sociales y medios de comunicación, afectando directamente a Nicolás Petro y a Laura Ojeda.
Otro punto crítico de la defensa es el presunto incumplimiento del compromiso de colaboración con la justicia, uno de los pilares fundamentales del principio de oportunidad.
“El propio fiscal Mario Andrés Burgos, al solicitar la legalización del principio de oportunidad, afirmó que la Fiscalía verificaría el cumplimiento de las condiciones impuestas. Esa obligación no se ha cumplido y ha generado un espacio de revictimización y burla a la administración de justicia que requiere control judicial inmediato”, expresó Carranza.
El jurista también reclamó que, pese a que se notificaron estos hechos a la Fiscalía 5 Delegada ante la Corte y a la Dirección Especializada contra el lavado de activos, ninguna de las dependencias adoptó medidas, ni siquiera una evaluación sustancial de la continuidad del beneficio judicial otorgado a Vásquez.
Carranza invocó el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, que faculta al juez de control de garantías a suspender o revocar el principio de oportunidad si se incumplen sus condiciones. En ese sentido, citó también jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que dicho control debe ser “material y continuo”, y no una mera formalidad.
Retrasos en el juicio y dudas sobre la credibilidad de la testigo
La solicitud se conoce en medio de un contexto judicial agitado. El 22 de abril, la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro fue aplazada por decisión del juez Hugo Carbonó, que notificó que debía atender asuntos personales y el fallecimiento de un familiar cercano. La diligencia fue reprogramada para el 19 de mayo a las 8:30 a. m.
Durante la diligencia pasada, la defensa de Petro también puso en duda la credibilidad de Day Vásquez, señalando que sus declaraciones fueron motivadas por estados emocionales alterados, más que por un ánimo genuino de colaborar con la justicia.
Carranza incluso anunció la presentación de un dictamen pericial psicológico que analice el comportamiento de la testigo, con el propósito de evaluar la fiabilidad de sus testimonios ante la Fiscalía.
Mientras tanto, el país sigue pendiente del desenlace de este caso que ha implicado al hijo del presidente de la República y ha abierto un debate sobre la ética en el ejercicio del poder, los acuerdos judiciales y los límites de la justicia en Colombia.
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