Acemi alertó por graves fallas en datos del Ministerio de Salud y exigió revisar modelo de financiamiento, tras cierre de mesas sobre la UPC

El 30 de abril culminaron las mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un componente esencial del modelo de aseguramiento en salud en Colombia.

Tras seis semanas de sesiones iniciadas el 20 de marzo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) hizo un llamado urgente a que los resultados obtenidos se conviertan en una oportunidad real para analizar, con rigor técnico, el gasto en salud y la sostenibilidad financiera del sistema.

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A través de un comunicado oficial emitido el 2 de mayo, Acemi —que agrupa a las EPS del régimen contributivo— expresó serias preocupaciones sobre la calidad de la información utilizada por el ministerio y los métodos empleados en la construcción del valor de la UPC.

“Queremos reiterar que existe un serio problema en el reporte de información que sirve de base a los cálculos de la UPC. La falta de estandarización y la discrecionalidad en el análisis de los datos por parte del MSPS ha conducido a la eliminación de información relevante para el sistema”, advirtió la asociación.

Las sesiones técnicas abordaron aspectos estructurales del sistema como la frecuencia de uso de los servicios de salud, la severidad de las atenciones, la siniestralidad, las inclusiones en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y los ajustadores de riesgo, elementos fundamentales en la definición de la prima anual de la UPC. Sin embargo, para Acemi, los problemas metodológicos y la forma en que el Ministerio trata los datos generan distorsiones que afectan la estabilidad del modelo.

Entre los principales cuestionamientos, Acemi destacó:

• Inconsistencias en la información: aseguran que el Ministerio de Salud aplica criterios poco claros para aceptar o eliminar datos reportados, lo que genera pérdida de información crucial.
• Falta de retroalimentación técnica: “Si este proceso se optimizara y hubiera fluida comunicación entre las partes, se mejoraría la calidad del reporte, la calidad de los datos y la precisión de los cálculos que son decisivos para el correcto financiamiento del sistema”, señala el comunicado.
• Obligación compartida en el reporte: aunque las EPS reportan los datos, Acemi subraya que los prestadores (IPS) y proveedores también tienen responsabilidad, y que la mala calidad del reporte desde los servicios de salud impacta toda la cadena.
• Ausencia de análisis técnico por parte del Ministerio de Salud: se denunció que la cartera del Gobierno prefiere eliminar datos con “aseveraciones y juicios en contra del reportante”, en lugar de investigar sus causas con criterio actuarial.

Durante las mesas, Acemi presentó estudios y cifras que revelan una preocupante desactualización del valor de la UPC frente a los costos reales del sistema. Entre sus hallazgos, se destacan:

• Frecuencias subestimadas desde la pandemia, influenciadas por el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y las nuevas inclusiones en el PBS.
• Análisis de severidad sin enfoque actuarial, reemplazado por indicadores generales de inflación.
• Diferencia entre inflación estimada y real: El dato de inflación utilizado por el MSPS fue inferior en 12,3% frente al observado entre 2021 y 2024, lo que implica un déficit de 10 billones de pesos en ese periodo.
• Aumento crítico de la siniestralidad: Según la Superintendencia Nacional de Salud, en 2024 esta alcanzó el 109,5%, lo que indica que los costos de atención superaron ampliamente los ingresos por UPC.

“En el cierre de la sesión se conoció que las EPS intervenidas no habían suministrado la información financiera, obligación que recae en el mismo Gobierno”, precisó la entidad.

El gremio enfatizó que el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad rectora sobre la calidad y disponibilidad de la información, y que si año tras año se encuentran deficiencias, es deber de la cartera liderar acciones de mejora y trabajar de manera articulada con todos los actores del sistema.

Finalmente, Acemi insistió en que el análisis derivado de estas mesas debe servir para cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 007, que ordena al Gobierno realizar un análisis retrospectivo y técnico de la UPC, y ajustar la metodología de cálculo para garantizar un sistema sostenible y justo para todos los afiliados.

“Las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de cálculo deben servir para un ajuste de la metodología para la definición anual de la prima, que es componente fundamental de un sistema bien financiado y de una población correctamente atendida”, concluyó Acemi.