Las autoridades bolivianas han intensificado los operativos en Santa Cruz y sus alrededores para localizar a Leonardo Rubio Castañeda, un ciudadano colombiano señalado como un delincuente de alta peligrosidad.
Rubio Castañeda está implicado en al menos ocho asaltos armados y tres homicidios desde su llegada al país en 2009, y se encuentra prófugo tras haber sido beneficiado con detención domiciliaria poco antes de su juicio, y luego con la libertad, que le otorgaron dos jueces en Santa Cruz.
En algunos de los casos por los que fue reseñado, el connacional y sus cómplices habrían sustraído aproximadamente 3 millones de bolivianos mediante violentos atracos.
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Uno de los casos más graves ocurrió cuando presuntamente asesinó a un agrónomo que intentaba proteger una mochila con más de 150.000 dólares. Otro incidente destacado tuvo lugar en noviembre de 2022, cuando disparó en el rostro a un adulto mayor mientras robaba 500.000 bolivianos a un empresario.
Además, se le vincula con el robo a un transportista en pleno centro de Santa Cruz, donde se llevó más de 30.000 bolivianos.
La polémica liberación del colombiano Leonardo Rubio Castañeda en Santa Cruz, Bolivia
El historial delictivo de Rubio Castañeda ha generado indignación, especialmente porque, a pesar de los graves cargos en su contra, se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva, y gracias a esto recobró su libertad.
Según informó el medio, las autoridades judiciales han anunciado una revisión exhaustiva de los documentos del caso para esclarecer las razones detrás de esta decisión que tomaron dos jueces en Santa Cruz de la Sierra, que facilitó su fuga.
Desde la Policía Boliviana, se expresó preocupación por la liberación de un individuo con antecedentes tan graves, y ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana. Los operativos para su captura continúan, mientras crece la presión pública para que se esclarezcan las circunstancias que permitieron su evasión.
El caso de Leonardo Rubio Castañeda ha puesto en el centro del debate la efectividad del sistema judicial boliviano y la necesidad de reforzar los controles sobre las medidas sustitutivas otorgadas a personas con antecedentes de alta peligrosidad.
Qué dijo el ministro de Gobierno de Bolivia sobre el caso del colombiano
Tanto que se abrió una investigación que llevó a que el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo el 29 de abril de 2025, en declaraciones a medios de comunicación, se pronunciara sobre este caso que tiene pidiendo respuestas a las autoridades, y en especial a Anay Áñez Mendoza y Carlos Alberto Moreira Rivero, que tomaron la decisión de dejar libre a Rubio Castañeda.
“Nos encontramos con malos administradores de justicia que andan liberando a delincuentes, no solamente a ladrones sino narcotraficantes, violadores de niños y niñas”, expresó Del Castillo, y por tal motivo anunció que se radicará un proyecto de ley llamado ‘Lo ajeno no se toca‘, y que busca sentenciar a mínimo siete años de prisión a los delincuentes que sean detenidos en flagrancia. Solo con videos o fotos se podría iniciar el proceso, detalló el jefe de cartera.
Seguido a esto, Del Castillo pidió “que se pongan nuevos jueces que realmente quieran trabajar por nuestro país y que los delincuentes no vayan de paseo a las cárceles”. Tal fue su nivel de molestia por lo que ocurrió que dijo que en los centro penitenciarios ”les damos todo pagado... les damos alimentación, les damos salud, incluso les damos educación y cuando se aburren recobran la libertad para qué, para seguir delinquiendo en contra de la sociedad".
Por dejar libre a colombiano en Santa Cruz, Consejo de la Magistratura abrió investigación contra dos jueces
Dos días antes de las declaraciones del ministro de Gobierno, el Consejo de la Magistratura de Bolivia aperturó una investigación contra dos jueces del departamento de Santa Cruz tras la liberación de Leonardo Rubio, que cuenta con un extenso historial delictivo en el país.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, declaró que, de confirmarse irregularidades en la actuación de los jueces, se aplicarán sanciones severas.
Sin embargo, también hizo un llamado a evaluar de manera integral el sistema de justicia penal, incluyendo el papel del Ministerio Público y la Policía. Baptista resaltó que el análisis no se limitará a los jueces, sino que abarcará a todos los actores involucrados en el proceso judicial.
El Consejo ha solicitado un informe detallado a su representación distrital en Santa Cruz para examinar las acciones de los jueces implicados (Anay Áñez Mendoza y Carlos Alberto Moreira Rivero).
Según explicó Baptista, uno de los magistrados habría autorizado la cesación de la detención preventiva de Rubio en 2024, pocos días antes de que se iniciara el juicio oral. Esta decisión se basó en el cumplimiento de medidas cautelares previamente impuestas al acusado.
“Los datos que nos reportan es que esta decisión de cesación a la detención preventiva, emitida el año pasado, no ha sido siquiera apelada ni por el Ministerio Público ni por la parte civil afectada”, afirmó Baptista sobre dicha resolución, en un informe por parte de la Agencia Boliviana de Información.
Baptista destacó que la liberación de Rubio se dio dentro del marco legal y que el juez no actuó de manera unilateral. Según el presidente del Consejo, el procedimiento judicial involucró la participación de fiscales, policías y abogados de las partes.
Además, se informó que tanto el Ministerio Público como la parte denunciante estuvieron ausentes en al menos dos audiencias previas relacionadas con el caso. Este hecho ha generado críticas hacia las instituciones encargadas de garantizar el seguimiento adecuado de los procesos judiciales.
El caso de Leonardo Rubio ha puesto en evidencia posibles fallas estructurales en el sistema de justicia penal boliviano, lo que ha llevado al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La investigación en curso busca no solo establecer si los jueces actuaron fuera del marco legal, sino también identificar posibles omisiones por parte de otras entidades involucradas en el proceso.
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