
El 30 de abril de 2025, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la denominada ley Hijos del Estado’, una iniciativa que busca garantizar la protección y el acompañamiento integral a los jóvenes que egresan del sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) sin haber sido adoptados.
La representante a la Cámara, Alexandra Vásquez, explicó la iniciativa contempla la creación del Programa Nacional de Acompañamiento Integral al Egresado, que garantizará apoyo integral a estos jóvenes hasta los 28 años de edad, especialmente aquellos que estén en condición de discapacidad.
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“Los Hijos del Estado ya no quedarán desprotegidos, proyecto pasó a conciliación y sanción presidencial (...) Una vez ingresan al programa del Icbf, en muchas ocasiones, terminan si ciclo y quedan desprotegidos por el Estado. Muchos de ellos van a agradecer este apoyo incondicional y que es una deuda que tenemos como país, para los niños y niñas de Colombia, principalmente para la población vulnerable”, comentó la congresista durante la plenaria.

Además, la parlamentaria indicó que este programa busca fortalecer la oferta estatal, consolidar redes de apoyo y orientar acciones que promuevan el desarrollo integral de los beneficiarios. De igual manera, el programa está diseñado para atender a tres grupos específicos como los jóvenes mayores de 18 años que egresan del sistema de protección del Icbf sin haber sido adoptados, adolescentes y jóvenes próximos a egresar con declaratoria de adoptabilidad, y jóvenes mayores de 18 años en condición de discapacidad.
Por su parte, la senadora Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), autora de la propuesta legislativa, agradeció a la Cámara de Representantes por avalar su proyecto en el cuarto y último debate. “¡Hoy damos un paso histórico! De la mano de los egresados del Sistema de Bienestar Familiar, logramos que nuestro proyecto Hijos del Estado fuera aprobado en su cuarto y último debate en la Cámara, y ahora, rumbo a ser Ley de la República, recalcó en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

A su vez, la congresista independiente detalló que la iniciativa responde a una problemática histórica en Colombia, donde “muchos jóvenes que egresan del sistema del Icbf enfrentan dificultades significativas para acceder a oportunidades de educación, empleo y vivienda”. Así mismo, Ríos destacó que el programa, además de brindar apoyo económico, resalta otros aspectos como el acompañamiento psicosocial, acceso a educación superior y formación para el empleo, así como la creación de redes de apoyo que promuevan su inclusión social.
“Los objetivos incluyen fortalecer la oferta estatal y establecer redes de apoyo para facilitar su inclusión social, desarrollo de habilidades y transición hacia una vida autónoma, independiente y productiva”, declaró la senadora.
De otro lado, la propuesta incluye la implementación de unidades de acompañamiento integral, cuyo objetivo principal es proporcionar herramientas que fortalezcan las habilidades sociales, emocionales, educativas y laborales de los jóvenes que egresan del sistema de protección.

Adicionalmente, el proyecto contempla un subsidio económico equivalente al 80 por ciento del salario mínimo mensual, es decir, más de un millón de pesos, que sería otorgado durante un periodo de seis meses tras la salida del sistema de protección. Este apoyo financiero está diseñado para cubrir necesidades básicas y brindar estabilidad económica inicial a los beneficiarios mientras se integran al mercado laboral o continúan con su formación académica.
La implementación de esta ley podría marcar un cambio estructural en la manera en que el Estado colombiano aborda la transición de los jóvenes del sistema de protección hacia la vida adulta, asegurando que cuenten con el respaldo necesario para construir un futuro independiente y digno.
Ahora, el siguiente paso en el proceso legislativo será la conciliación del texto aprobado en la Cámara de Representantes, y en caso de ser avalado, deberá ser sancionado por el presidente de la República para convertirse oficialmente en ley. No obstante, la aprobación de esta iniciativa ha sido recibida con optimismo por parte de sus promotores, al considerar que representa un avance significativo en la protección de los derechos de los jóvenes más vulnerables del país.

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