Polémico video muestra a un integrante de la minga indígena en presunto estado de embriaguez en la Universidad Nacional: “Estos personajes son los que quieren llevar a las calles”

Un video que muestra a un integrante de la minga indígena en aparente estado de embriaguez dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ha generado una fuerte polémica en redes sociales y entre sectores políticos.

Este hecho ocurrió durante la llegada de aproximadamente 10.000 personas de comunidades indígenas al campus, con la expectativa de que otras 5.000 se sumen en los próximos días.

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La situación ha provocado tensiones entre los visitantes y la comunidad universitaria, que expresaron su preocupación por las afectaciones al calendario académico.

El video, que se viralizó en redes sociales, fue compartido por figuras públicas como Vicky Dávila, actual precandidata a la Presidencia de la República.

En su cuenta de X, Dávila criticó duramente lo que calificó como “anarquía y desorden” promovidos por el Gobierno, vinculando el incidente al contexto de las marchas programadas en apoyo al presidente Gustavo Petro.

En su publicación, señaló: “Indígenas borrachos haciendo de las suyas en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Mientras las clases están perturbadas, paradas y al ritmo del desorden total y un ambiente de tensión y amenaza. La anarquía y el degenere [sic] que caracteriza a este Gobierno. Una vergüenza”.

El impacto de la llegada de la minga indígena al campus no se limita al ámbito político. Según reportó la Universidad Nacional, el acceso a cuatro de las 160 edificaciones del campus fue restringido, lo que generó enfrentamientos entre estudiantes, profesores y los integrantes de las comunidades indígenas.

Estas restricciones llevaron a la institución a evaluar la posibilidad de implementar clases virtuales como medida temporal, una solución que no fue bien recibida por todos, especialmente en facultades como la de Medicina, donde la presencialidad es fundamental.

El rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, confirmó que las restricciones de acceso se limitan a un pequeño porcentaje de las instalaciones, pero reconoció que la presencia de la minga ha generado tensiones significativas. Además, la comunidad educativa expresó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en el desarrollo normal de las actividades académicas.

El video y las críticas asociadas intensificaron el debate sobre el papel de las comunidades indígenas en las manifestaciones políticas y su relación con el Gobierno actual.

Mientras tanto, la Universidad Nacional continúa buscando soluciones para garantizar el equilibrio entre el derecho a la protesta y el desarrollo académico de sus estudiantes.

Aunque inicialmente se esperaba la llegada de 2.500 personas, el número de asistentes superó ampliamente las previsiones, lo que complicó la organización en términos de alojamiento, alimentación y condiciones sanitarias dentro del campus universitario.

La movilización de la Minga Indígena no solo ha puesto en evidencia los retos logísticos, sino que reavivó el debate sobre los recursos estatales destinados a las organizaciones indígenas.

Según datos recopilados por El Tiempo, desde el inicio del Gobierno Petro, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) han firmado contratos públicos por más de 405.000 millones de pesos. Estas cifras reflejan un promedio de tres convenios mensuales desde agosto de 2022, cuando comenzó la actual administración.

El Cric, que agrupa a 115 cabildos en el departamento del Cauca, es la organización que más recursos ha recibido, con 53 contratos que suman 225.000 millones de pesos.

Por su parte, la Onic, que representa a 57 comunidades y 115 pueblos indígenas en todo el país, firmó 42 convenios por un total de 125.000 millones de pesos.

Entre los contratos más destacados se encuentra uno reciente del Cric, por valor de 57.000 millones de pesos, destinado a fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), una política que busca garantizar una educación acorde con las tradiciones y cosmovisión de las comunidades indígenas.

El Seip es una de las principales fuentes de ingresos para el Cric, con convenios que suman más de 88.000 millones de pesos en los últimos dos años. En el caso de la Onic, los mayores contratos se han firmado con el Ministerio del Interior, por un total de 75.000 millones de pesos, destinados a fortalecer la Mesa Permanente de Concertación, un espacio de diálogo entre el Gobierno y las comunidades indígenas.

Además de los temas educativos y de concertación, las organizaciones indígenas suscribieron contratos en áreas como infraestructura, tecnología y capacitación.

Por ejemplo, la Onic firmó dos convenios con el Instituto Nacional de Vías (Invías), por un total de 10.000 millones de pesos, para el mantenimiento de vías rurales en el departamento de La Guajira. El Cric, por su parte, gestionó acuerdos con el Fondo Único de las TIC para proyectos de inclusión tecnológica, con un valor conjunto de más de 10.000 millones de pesos.

La financiación estatal hacia estas organizaciones ha sido objeto de críticas por parte de sectores de la oposición, que cuestionan si estos recursos están siendo utilizados para apoyar movilizaciones en favor del Gobierno.

Aunque no se ha presentado evidencia concreta que respalde estas acusaciones, los datos muestran un flujo constante de contratos desde el inicio de la administración Petro.

Según El Tiempo, en 2022, entre agosto y diciembre, se firmaron convenios por 9.000 millones de pesos. En 2023, esta cifra ascendió a 171.000 millones, mientras que en lo que va de 2024, los contratos ya suman 57.000 millones de pesos.