La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 12 años impuesta al mayor (r) de la Policía Nacional, Héctor Fabio Murillo Rojas, tras comprobarse sus vínculos con el Clan del Golfo.
La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, que concluyó que el exoficial integró la estructura criminal que ejercía operaciones en la región del Urabá antioqueño.
La Entidad ratificó que Murillo Rojas participó en actos delictivos al facilitar la protección de miembros del grupo subversivo, conducta que, de acuerdo con el fallo, no fue desvirtuada durante el proceso disciplinario.
La sanción busca impedir su regreso a cualquier función pública, en respuesta a su participación, según el Ministerio Público, activa en redes de criminalidad que afectaron la seguridad en el departamento.
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Durante la etapa de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación reafirmó que Héctor Fabio Murillo Rojas incurrió en conductas delictivas al “garantizar la protección de los miembros del grupo subversivo, suministrarles información sobre los operativos policiales que podrían afectarlos, facilitar su movilización e incluso gestionar el transporte por las diferentes carreteras del país”, entre otras acciones documentadas en el proceso.
La Procuraduría también confirmó que Héctor Fabio Murillo Rojas se desempeñaba como responsable del equipo de direccionamiento local de vigilancia comunitaria por cuadrantes durante los años 2016 y 2017 en Antioquia. Según el fallo, en esa zona operaba el grupo armado conocido como “Frente Carlos Vásquez”, liderado por Luis Orlando Padierna Peña, alias “Inglaterra”, entre otros.
Por los hechos comprobados, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción impuesta en primera instancia y calificó la conducta de Héctor Fabio Murillo Rojas como una falta “gravísima cometida a título de dolo”. Además, el fallo advirtió que “contra dicha decisión no procede recurso alguno”.
La confirmación de la sanción contra Héctor Fabio Murillo Rojas se produjo pocos días después de que las autoridades colombianas, en coordinación con organismos del Reino Unido, lograran incautar 44 bienes pertenecientes al Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia y Atlántico. Según la información oficial, las propiedades confiscadas, entre las que se incluyen lotes, fincas, apartamentos, locales comerciales, vehículos y sociedades, estarían avaluadas en más de 30.000 millones de pesos.
Las autoridades intervinieron en municipios como Medellín, Puerto Triunfo, Marinilla, Sonsón, San Pedro de Urabá y Turbo, donde fueron ocupados 30 bienes cuyo valor estimado ronda los 25.000 millones de pesos. Entre las propiedades incautadas se encuentran 16 lotes, tres fincas, dos sociedades comerciales, un apartamento, un local, un sótano y seis vehículos.
En Barranquilla, así como en los municipios de Necoclí, Carepa y Chigorodó, en Antioquia, fueron ocupados 14 bienes cuyo valor supera los 5.400 millones de pesos. Dentro de los activos incautados se registran tres lotes, tres fincas, dos apartamentos y seis vehículos.
Las autoridades señalaron que esta acción se enmarca en la estrategia nacional contra las organizaciones criminales y afecta de manera significativa las fuentes de financiación del Clan del Golfo, asociadas a actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Con respecto al mismo grupo armado, al Clan del Golfo, recientemente agentes de la Policía Metropolitana de Montería detuvieron a dos presuntos miembros del Clan del Golfo que, según las autoridades, vigilaban los movimientos de las patrullas en el sur de la ciudad con la intención de ejecutar acciones enmarcadas en el llamado “plan pistola”.
La persecución de los dos sospechosos comenzó en el barrio Villa Paz y concluyó en el barrio Santander. Durante la huida, intentaron escapar de la Policía adentrándose en zonas de vegetación, pero fueron capturados tras la alerta de ciudadanos que reportaron su presencia en la transversal 1ª con diagonal 17 del sector de Villa Paz.
Según informó El Heraldo, los detenidos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, registran antecedentes judiciales. Según las autoridades, uno de ellos sería conocido con el alias de “Calavera”.
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