Un operativo conjunto llevado a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, permitió el desmantelamiento de un matadero clandestino que operaba en condiciones insalubres y representaba un grave riesgo para la salud pública.
Según informó la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, la intervención se realizó en la vereda Mochuelo Alto, donde se encontraron seis canales de bovino que no cumplían con los estándares sanitarios exigidos por la ley.
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Tres personas fueron capturadas durante el procedimiento y ahora enfrentan cargos por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue posible gracias a una denuncia ciudadana recibida a través de la línea de emergencias 123. La alerta advertía sobre el sacrificio ilegal de bovinos en zona rural de la localidad, lo que llevó a las autoridades a coordinar un despliegue conjunto entre la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Secretaría de Salud.
El hallazgo de los seis canales de bovino, que corresponden a reses despostadas, reveló que los productos cárnicos carecían de los controles mínimos de higiene y salubridad.
Según detallaron las autoridades, estas condiciones representaban un peligro inminente para la salud pública, ya que la carne no era apta para el consumo humano.
Incluso, durante el operativo las autoridades encontraron varios kilos de proteína en bolsas plásticas y con fuertes olores que, al parecer, pretendían ser vendidos pese a estar en mal estado.
Los responsables del matadero clandestino fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por su participación en actividades que comprometen la seguridad alimentaria. El delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico está contemplado en el Código Penal colombiano y puede acarrear severas sanciones para quienes lo cometan.
“Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad alimentaria y exhortan a la comunidad a seguir denunciando cualquier irregularidad que ponga en riesgo la salud pública”, señaló la Policía en un comunicado.
Apenas en marzo de 2025, un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional logró el desmantelamiento de otro matadero clandestino ubicado en el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.
Según informó la Fiscalía en su momento, el lugar operaba sin cumplir con las mínimas normas de salubridad, sacrificando bovinos en condiciones deplorables y distribuyendo carne de manera ilegal a gran escala.
De acuerdo con las autoridades, los animales llevados al sitio se encontraban en mal estado de salud o enfermos, y eran sacrificados utilizando métodos antitécnicos que no garantizaban la inocuidad del producto.
Además, se detectó que los residuos líquidos y sólidos generados por las actividades del matadero eran dispuestos de forma inadecuada, siendo vertidos directamente al suelo en las inmediaciones del río Bogotá, lo que generó un impacto ambiental en la zona.
En medio de las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron aproximadamente una tonelada y media de carne de res, sebo y hueso, además de recuperar un semoviente que se encontraba en el lugar. Según detalló la Fiscalía, tres hombres también fueron capturados en flagrancia durante el operativo.
Los detenidos, identificados como Luis Felipe Ariza Nisperuza, Edgar Cubillos Castillo y José Neyder Lozano Bique, enfrentan serias acusaciones por su presunta participación en esta actividad ilegal.
Ariza Nisperuza, señalado como el principal responsable del matadero clandestino, deberá cumplir una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, según lo ordenado por un juez de control de garantías. Por su parte, Cubillos Castillo y Lozano Bique, que estarían encargados de coordinar el transporte y la comercialización de la carne, continuarán vinculados a la investigación.
La Fiscalía imputó a los tres hombres los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, contaminación ambiental, maltrato animal y falsedad marcaria.
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