El sábado 26 de abril de 2025, a las 8:30 a. m., se reportó un ataque en la entrada del municipio de Bucarasica, en Norte de Santander, a un grupo de policías a los que varios hombres dispararon cuando se dirigían al puesto de control.
La ofensiva dejó al subintendente Jorge Armando Flórez Álvarez, adscrito a la estación de policía de este municipio, con varias heridas de bala en su abdomen. De inmediato, fue traslado a un centro médico en Cúcuta para recibir atención por parte del personal de salud.
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Tras el sorpresivo ataque, las autoridades locales desplegaron un operativo para capturar a los sospechosos. Según la versión preliminar de la Policía, los hechos se atribuyen a grupos armados.
Horas después, se registró una segunda arremetida contra la Fuerza Pública, en Ocaña, Norte de Santander. Una Carga explosiva fue activada al paso de una patrulla de tránsito. Dos uniformados resultaron heridos por aturdimiento.
“Les dieron, les dieron, fue un bombazo fuerte, hay varios heridos, les acaban de dar a los muchachos”, dijo un testigo que grabó el atentado.
Con respecto a los ataques contra la Fuerza Pública que dejaron a tres policías heridos, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar rechazó de manera tajante los hechos.
“Desde la gobernación de Norte de Santander, rechazamos los atentados contra la Fuerza Pública”.
Incluso, señaló que las acciones en contra de los uniformados son un acto de retaliación contra el Estado por las labores que adelanta su administración en todo el departamento para mejorar la seguridad en el territorio.
“Estas acciones se dan, precisamente, por el trabajo que vienen desarrollando en el Área Metropolitana de Cúcuta y en el departamento Norte de Santander”, enfatizó el mandatario.
Por su parte, las autoridades locales de Bucarasica y Ocaña reiteraron su llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita identificar a los responsables.
Subida de violencia en Norte de Santander por el conflicto armado
El conflicto entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control del territorio y de los cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, Norte de Santander, derivó en una delicada situación de orden público que afectó a todo el departamento que ha dejado a más de 50.000 personas desplazadas.
Para hacer frente a la escalada de violencia y salvaguardar la integridad de la población civil, el Gobierno nacional declaró el Estado de conmoción interior, además del despliegue de Fuerzas Militares en el territorio.
A pesar de las acciones del Gobierno nacional, la Organización de Nacional Unidas (ONU) reveló en un informe que desde febrero de 2025 hubo menos desplazamientos masivos en comparación con las primeras semanas de la emergencia y se reforzó la presencia de la Fuerza Pública. Pero la violencia en el territorio continúa en aumento, con al menos 35 acciones armadas reportadas en los municipios de Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, incluyendo niños y adolescentes.
Los combates, hostigamientos, atentados contra la infraestructura militar y contra miembros de la Fuerza Pública por parte de los grupos armados provocaron dos nuevos desplazamientos masivos en Tibú y Teorama.
La violencia llegó también a la ciudad de Cúcuta, con atentados y hostigamientos con artefactos explosivos improvisados a la infraestructura militar.
Algunas personas que permanecían en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, estarían retornando sin las condiciones de seguridad a sus veredas, a pesar del peligro que suponen las minas antipersonales, las amenazas y la continuidad de las acciones armadas. Intentan regresar ante el deterioro de sus cultivos, el abandono de animales de crianza y los riesgos de despojo de sus tierras y viviendas.
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