La bancada del Pacto Histórico ha solicitado formalmente una reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, para abordar lo que califican como una “grave situación” de amenazas y hostigamientos.
Según detalla la comunicación enviada el 25 de abril de 2025, los congresistas buscan exponer directamente a la Fiscalía los testimonios de las personas afectadas y presentar pruebas que respalden la urgencia de la situación.
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De acuerdo con el documento firmado por varios representantes y senadores de la coalición, las amenazas han escalado en intensidad y presentan un patrón de sistematicidad que afecta especialmente a mujeres creadoras de contenido.
Los congresistas aseguran que estas agresiones no solo buscan generar temor e incitar al odio, sino que también ponen en riesgo la vida y la integridad de las víctimas.
Según el texto, las acciones de los agresores han trascendido el ámbito digital, llegando incluso a los hogares de los afectados.
Un llamado a la acción desde el Congreso
En la carta dirigida a la fiscal general, los congresistas del Pacto Histórico expresaron su preocupación por lo que consideran un fenómeno alarmante de persecución contra influenciadores y comunicadores alternativos que respaldan al Gobierno.
Según el documento, las agresiones incluyen amenazas directas, hostigamientos y estrategias de intimidación que afectan tanto la salud mental como la seguridad física de las víctimas.
El texto subraya que estas acciones no son casos aislados, sino que responden a un patrón sistemático en el que los agresores, amparados en el anonimato, buscan silenciar voces críticas o afines al Gobierno.
“Es un hecho notorio que dichas amenazas y persecuciones presentan un patrón de sistematicidad y de actores victimizantes recurrentes”, señala la comunicación.
La participación de los afectados en la reunión
Uno de los puntos destacados de la solicitud es la intención de que algunos de los jóvenes creadores de contenido afectados participen en la reunión con la fiscal general.
Según los congresistas, esto permitiría que las víctimas compartan directamente sus testimonios y preocupaciones, lo que consideran fundamental para dimensionar la gravedad de la situación.
La bancada también enfatizó la necesidad de que el encuentro se realice bajo el respeto a las atribuciones constitucionales y legales de la Fiscalía, así como a su autonomía e independencia judicial.
En este sentido, los congresistas manifestaron su confianza en que el ente acusador tomará las medidas necesarias para investigar y judicializar a los responsables de estas agresiones.
Contexto histórico y social
En su comunicación, los representantes del Pacto Histórico recordaron el contexto de violencia política que ha marcado la historia reciente de Colombia, incluyendo el genocidio contra un partido político y el asesinato de centenares de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.
Según los congresistas, este antecedente refuerza la necesidad de tomar con seriedad las amenazas contra quienes ejercen un liderazgo legítimo en el ámbito digital y alternativo.
“Los sistemas de investigación y justicia del Estado tienen el deber de generar precedentes que garanticen la protección de la vida, la libertad de expresión y el ejercicio democrático”, afirmaron en la carta.
Pruebas y respaldo documental
Como parte de la solicitud, los congresistas adjuntaron elementos probatorios que, según ellos, evidencian la gravedad y la urgencia de la situación.
Aunque no se especificaron los detalles de estas pruebas en el texto, se espera que sirvan como base para que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes.
Entre los firmantes de la carta se encuentran figuras destacadas del Pacto Histórico, como Jorge Bastidas, representante a la Cámara por el Cauca; David Racero Mayorca, representante por Bogotá; Erick Velasco, representante por Nariño; y Luis Alberto Albán Urbano, representante por el Valle del Cauca, entre otros.
Con esta iniciativa, los representantes buscan que la Fiscalía actúe de manera contundente para identificar, investigar y judicializar a los responsables de estas agresiones
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