Un nuevo proyecto de decreto que busca modificar las tarifas de retenciones y autorretenciones en la fuente del impuesto sobre la renta ha generado preocupación en el sector empresarial colombiano.
Según informó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), esta medida podría tener efectos negativos tanto en las finanzas públicas como en el flujo de caja de las empresas.
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En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, la organización expresó su oposición al proyecto, argumentando que no está suficientemente fundamentado y que podría sobreestimar los ingresos fiscales del presente año.
De acuerdo con la Asociación, el proyecto plantea un aumento significativo en las tarifas de autorretención para más de 270 actividades económicas, con incrementos que oscilan entre el 4% y el 218%.
Además, propone reducir la base mínima para practicar la retención en la prestación de servicios de 4 UVT ($199.196 pesos) a 2 UVT ($99.598 pesos). Estas modificaciones, según la Andi, podrían impactar negativamente la sostenibilidad financiera de las empresas y aumentar los costos de endeudamiento en un contexto económico ya desafiante.
Desde la entidad se recordó que una situación similar ocurrió en 2023 con la expedición del Decreto 261, que incrementó las tarifas de autorretención más allá de la capacidad real de las empresas para generar impuestos.
Como resultado, en 2024 se registró una disminución en el recaudo tributario neto, ya que muchas empresas presentaron saldos a favor, solicitaron devoluciones y pagaron sus obligaciones con títulos de devolución de impuestos (Tidis).
Según la asociación, repetir este tipo de medidas podría generar nuevamente un menor recaudo neto en el futuro, además de aumentar los costos financieros para las empresas debido a la necesidad de recurrir al endeudamiento.
“A nuestro juicio, este proyecto Decreto es inconveniente y no está suficientemente motivado. Su emisión, podría conducir a una sobreestimación de los ingresos fiscales de este año, lo que deterioraría la situación de las finanzas públicas e impactaría negativamente el flujo de caja del sector productivo en el corto plazo”, dice la carta firmada por Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
En su análisis, la Andi señaló que el aumento en las retenciones no se justifica técnicamente, ya que no ha habido cambios en las normas tributarias que incrementen el valor del impuesto final a cargo ni mejoras significativas en la rentabilidad de los sectores afectados.
La organización también cuestionó la falta de indicadores claros que respalden el incremento de las tarifas de retención, argumentando que el proyecto se basa en un comportamiento temporal favorable de algunos sectores, como la agricultura, la ganadería y la construcción, pero no demuestra una mejora permanente en la rentabilidad.
El proyecto de decreto contempla aumentos en las tarifas de autorretención para una amplia gama de sectores económicos. Por ejemplo, en actividades como hospitales, clínicas, transporte, restaurantes y servicios financieros, la tarifa pasaría del 1,10% al 3,5%, lo que representa un incremento del 218%.
En el caso de la extracción de gas natural, la tarifa subiría del 1,8% al 4,5%, con un aumento del 150%. Otros sectores, como la producción de alimentos para animales, textiles, papel, químicos y comercio al por mayor y menor, también enfrentarían incrementos significativos, con tarifas que pasarían del 0,55% al 1,20%, un aumento del 118%.
Además, el proyecto propone aumentar la retención de renta por la compra de oro por parte de sociedades de comercialización internacional, del 1% al 2,5%, y reducir los mínimos para la retención en servicios agrícolas, pecuarios y la compra de café.
Según la Andi, estas medidas podrían incrementar temporalmente el flujo de caja del Estado en 2025, pero tendrían implicaciones fiscales negativas en 2026 y años posteriores si el impuesto declarado por los contribuyentes resulta menor que el valor de las retenciones.
La entidad también destacó que el panorama económico actual presenta múltiples desafíos para las empresas. Factores como el aumento del costo de la energía eléctrica, el incremento del salario mínimo en un 11%, mayores costos logísticos debido a bloqueos y una desaceleración económica global han afectado la rentabilidad del sector productivo.
Según datos del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), en los primeros meses de 2025 se registró un bajo crecimiento en las actividades primarias y secundarias, con tasas de -0,5% y -1,4%, respectivamente.
Además, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja el pronóstico de crecimiento económico de Colombia para este año, reduciéndolo del 3% al 2,4%.
En este contexto, la Andi advirtió que un cambio en las reglas de juego, como el propuesto en el proyecto de decreto, podría comprometer aún más el crecimiento económico y la sostenibilidad financiera de las empresas.
La organización subrayó que las altas tasas de interés vigentes aumentan el costo de oportunidad del dinero, lo que agrava la situación para los empresarios que deben apalancarse para cumplir con las nuevas obligaciones tributarias.
En su comunicación, la Andi hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para reconsiderar la adopción del decreto y evaluar alternativas que protejan el capital de trabajo de las empresas.
La asociación sugirió una disminución de las tarifas de retención que sea coherente con el rendimiento financiero real de las empresas, con el objetivo de reducir los costos administrativos tanto para los contribuyentes como para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La ANDI concluyó su carta solicitando prudencia en la estimación de los ingresos públicos y reiterando la importancia de evitar errores del pasado.
Según la organización, es fundamental garantizar un equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado y la sostenibilidad del sector productivo, especialmente en un momento de incertidumbre económica tanto a nivel nacional como internacional.
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