Vladimir Fernández, el magistrado ternado por Petro que lideró ponencia a favor de suspender proceso del CNE en su contra

En una decisión considerada trascendental para los intereses del presidente de la República, Gustavo Petro, se conoció el jueves 24 de abril de 2025 el fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional de suspender, de manera provisional, la investigación que cursa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la campaña del jefe de Estado, en 2022, por aparente sobrecosto en $5.355 millones; y que involucra a otros miembros de la aspiración, entre ellos el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la misma.

La votación, que fue reñida, pues resultó con un sorpresivo 5-4, dejó como aspecto llamativo que uno de los magistrados ternados por el jefe de Estado, como Vladimir Fernández, no solo presentó la ponencia ante sus colegas sino que votó a favor de cesar, al menos de manera temporal, los efectos de la determinación que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el 6 de agosto de 2024; en la que se facultaba al tribunal electoral a continuar con el caso en mención, en el que también se involucra a Petro en su calidad de candidato presidencial.

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Al que se unieron, los magistrados Miguel Efraín Polo, Juan Carlos Cortés, Diana Fajardo y Cristina Pardo; esta última próxima a dejar su puesto, por cumplimiento de su periodo de ocho años. En contraste, las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses y los togados Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, y José Fernando Reyes presentaron su salvamento de voto frente a esta ponencia, justamente liderada por Fernández: que antes de su llegada al tribunal se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia.

En el caso de Fernández, encomendado a llevar a la Sala la tutela que el primer mandatario presentó para que, según él, que se le ampare su derecho al debido proceso en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional, cabe destacar que fue el primero de los magistrados que pudo ternar el gobernante: en el proceso que derivó en el 17 de octubre de 2023 en su elección; en la que obtuvo 88 votos del Senado, frente a dos de su contendora, la hoy superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, y uno de Gerardo Vega Medina, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

No es un caso menor, pues hasta el momento de su elección era el encargado de emitir, justamente, los conceptos jurídicos en los que estaba involucrado el gobernante en el ejercicio de sus funciones; lo que para algunos, como el exviceministro de Defensa Gustavo Niño, podría configurarse en un claro conflicto de intereses, por el que debió declararse impedido.

“Vladimir Fernández se convirtió en el escudo de Petro. Frenan la investigación por financiación irregular de su campaña con una tutela presentada por él mismo… y decidida por un magistrado que hasta hace poco era su secretario jurídico", comentó el exfuncionario de la administración de Iván Duque Márquez, en relación con cómo Fernández no debió participar de esta decisión.

De hecho, en la Fiscalía General reposa el testimonio de la exalta consejera para las Regiones Sandra Ortiz, según consignó la revista Semana, en la que se habla de cómo se habría “aceitado” -es el término usado por el referido medio- la elección de Fernández como magistrado con dineros provenientes del megacaso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Teniendo en cuenta que su escogencia dependía, como ya se explicó, del Senado de la República; e incluso se habla de su premura de ser escogido frente al riesgo de que se cayeran los acuerdos con el Gobierno.

A su vez, su nombre apareció en el listado de “recomendaciones” de hojas de vida de puestos de alto impacto que personajes del Gobierno y cercanos a Petro hicieron al entonces titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Junto al de, al menos, 60 congresistas y altos funcionarios del Ejecutivo.

Sin que esto sea un señalamiento hacia su decisión en este caso, a juicio de los críticos del actual Gobierno sí resulta llamativo que el ponente de este recurso fuera el togado que fue sugerido por Petro al Gobierno, junto a dos postulantes más que, según se expresó en ese entonces, no generaban consenso en la corporación; a diferencia de Fernández, que por su trabajo con gobiernos anteriores gozaba de amplio respaldo.

Otro caso que no pasó desapercibido en las redes sociales es el apoyo del magistrado Miguel Efraín Polo, que si bien no fue ternado por Petro, sino por el Consejo de Estado, sí contaba con el apoyo de la bancada del Pacto Histórico en la corporación, en una escogencia que estuvo salpicada por una extraña situación: la aparición de votos de más en la puja que sostuvo, sufragio por sufragio, con otra de las aspirantes a esta responsabilidad, Claudia Dangond.

Es válido precisar que en su discurso de posesión, Polo indicó que su llegada se debe a hechos objetivos, con lo que quiso restarle importancia a las acusaciones que surgieron en medio de la contienda en el Senado de que su llegada obedecía a un respaldo abierto de Petro. “El Congreso tomó la decisión de elegirme, así como el Consejo de Estado tomó la decisión de ternarme. Ellos son los que han participado en este proceso electoral”, afirmó el togado.