Un caso que permaneció en silencio durante años ha salido a la luz con la judicialización de cuatro integrantes del Batallón de Acción Directa Número Uno del Ejército Nacional por su presunta participación en el homicidio de un campesino desarmado en el municipio de Arenal del Sur, en el departamento de Bolívar.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2017, en el marco de una operación militar cuyo objetivo era capturar a José Alejandro Chinchilla, alias Cusi, señalado como cabecilla de finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región.
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De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía, los procesados son el teniente Luis Adolfo Barrios Usunaga y los soldados profesionales Mario Calderón Campos, Alcibiades Machado Herrera y Óscar García, quienes enfrentan cargos por el delito de homicidio en persona protegida. Ninguno de los imputados aceptó los cargos presentados por el ente acusador.
Según detalló la Fiscalía, los militares formaban parte de un equipo de tiradores de alta precisión que se posicionó en una vía rural de la vereda Santo Domingo, en Arenal del Sur.
Durante el operativo, los uniformados observaron el paso de una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres. Sin recibir órdenes operativas y extralimitando sus funciones, los soldados accionaron sus armas de dotación contra los ocupantes del vehículo. Como resultado, Eduardo Antonio Gutiérrez Duarte, un campesino de la región, perdió la vida.
El ente investigador confirmó que las víctimas no portaban armas ni tenían vínculos con el ELN. Además, los elementos probatorios indican que los militares no corroboraron la identidad de los ocupantes de la motocicleta antes de disparar, a pesar de que alias Cusi estaba plenamente identificado y sus características físicas eran conocidas por los soldados.
En un giro que agrava la situación, la Fiscalía informó que alias Cusi, el objetivo principal del operativo, fue capturado ese mismo día en otro sector del municipio de Arenal del Sur, sin que mediara enfrentamiento alguno. Este hecho subraya la falta de coordinación y la improvisación en la ejecución de la operación militar, que terminó con la muerte de un civil inocente.
El caso, que permaneció sin resolverse durante más de seis años, ha generado cuestionamientos sobre las prácticas operativas y el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares en Colombia.
Un fiscal de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a los cuatro uniformados ante un juez de control de garantías, quien avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Los cargos imputados a los militares corresponden al delito de homicidio en persona protegida, una figura jurídica que busca garantizar la protección de civiles en contextos de conflicto armado. Este tipo de crímenes se consideran graves violaciones al derecho internacional humanitario.
La muerte de Eduardo Antonio Gutiérrez Duarte, un campesino que no tenía relación alguna con el grupo insurgente, expone las consecuencias trágicas de la confusión y la falta de verificación en el terreno. Este caso se suma a otros incidentes que han puesto en entredicho el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en el país.
El caso continúa en manos de la justicia, mientras la Fiscalía avanza en la presentación de pruebas y testimonios que respalden las acusaciones contra los cuatro militares. El proceso busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales de los uniformados en la muerte del campesino.
La judicialización de este caso representa un paso importante en la lucha contra la impunidad en crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
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