Congresistas le dijeron al ministro de Trabajo que apoyarían la consulta popular, pero después de las elecciones: “Hay que decirles que lean la Ley”

En medio de un debate político sobre los tiempos y procedimientos para llevar a cabo una consulta popular, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dirigió un mensaje contundente a los congresistas que han condicionado su apoyo a la consulta a que esta se realice después de las elecciones de 2026.

Según el jefe de la cartera de Trabajo, la Ley 1757 establece plazos claros para este tipo de procesos, dejando poco margen para interpretaciones o modificaciones en los tiempos estipulados.

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De acuerdo con las declaraciones de Sanguino, recogidas en una rueda de prensa, el procedimiento para la consulta popular comienza con la radicación de la solicitud de concepto ante la plenaria del Senado.

Una vez presentada, la plenaria dispone de un mes para emitir su pronunciamiento.

Posteriormente, el presidente de la República cuenta con un plazo de tres meses para convocar a los ciudadanos a las urnas. Este marco legal, según el ministro, es inamovible y debe ser respetado por todos los actores políticos involucrados.

El ministro no escatimó en palabras al dirigirse a los congresistas que han planteado la posibilidad de postergar la consulta.

“Hay que decirle a esos congresistas que lean la Ley 1757”, afirmó Sanguino, subrayando la importancia de conocer y respetar las disposiciones legales que regulan este tipo de procesos.

Según el funcionario, la propuesta de realizar la consulta después de las elecciones no solo carece de fundamento legal, sino que también podría interpretarse como un intento de dilatar un mecanismo de participación ciudadana establecido en la normativa.

“La Ley 1757, establece que se radica la solicitud de concepto a la plenaria del Senado. La plenaria del Senado tiene un mes para pronunciarse y luego de eso el presidente de la República tiene tres meses para convocarnos a las urnas. Así que, señores congresistas, que han propuesto esa audaz iniciativa, lean la ley”, afirmó el ministro de Trabajo.

Esta Ley es una pieza clave en el marco jurídico colombiano para garantizar la participación ciudadana. La normativa regula, entre otros aspectos, los tiempos y procedimientos para la realización de consultas populares, referendos y otros mecanismos de democracia directa.

En este contexto, Sanguino enfatizó que cualquier iniciativa que pretenda modificar estos plazos debe ser analizada con cautela, ya que podría contravenir los principios establecidos en la ley.

El mensaje del ministro también destacó el rol fundamental que desempeñan tanto el Senado como el presidente de la República en el desarrollo de una consulta popular.

El presidente Gustavo Petro puso en marcha una ambiciosa estrategia política que busca movilizar a millones de colombianos en torno a una consulta popular que incluye 12 preguntas fundamentales.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo revitalizar su agenda progresista y recuperar el impulso de su administración, se ha convertido en la principal apuesta del Ejecutivo en los próximos meses. Para que la consulta tenga validez legal, el Gobierno necesitará asegurar al menos 13,6 millones de votos por cada pregunta.

El gabinete presidencial ya está desplegado en los 32 departamentos del país, trabajando en la creación de comités promotores del “sí” y buscando recursos para garantizar la viabilidad de la campaña.

Aunque la consulta aún debe ser aprobada por el Senado y posteriormente organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la administración Petro comenzó a promover las preguntas a través de canales digitales y eventos públicos, con el objetivo de generar aceptación entre los votantes.

La estrategia del Gobierno incluye la creación de nodos barriales y regionales, así como la activación de más de 60.000 juntas de acción comunal en todo el país. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, estas juntas podrían desempeñar un papel crucial en la promoción de la consulta, aunque aclaró que los comités que surgieron hasta ahora provienen de organizaciones sociales y movilizaciones ciudadanas, y no de una acción directa del Gobierno.

Benedetti también señaló que el Ejecutivo debe actuar con cautela para evitar cualquier irregularidad administrativa o acusaciones de participación indebida en política.

Por ello, la promoción de las preguntas se realiza sin involucrarse directamente en la organización electoral del proceso, al menos hasta que el Senado y el CNE den luz verde a la consulta.

El Congreso de la República se encuentra en el centro de esta disputa política. El presidente Petro señaló directamente al presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, como uno de los principales opositores a su agenda.

Petro lo acusó de liderar una “banda” que bloquea las iniciativas del Gobierno, una afirmación que Cepeda ha rechazado, argumentando que las decisiones del Senado se basan en criterios técnicos y en la independencia constitucional de las ramas del poder público.

El 1° de mayo, el presidente Petro tiene previsto asistir personalmente al Capitolio para radicar el proyecto de ley que daría vida jurídica a la consulta popular. Antes de este acto, planea realizar un discurso en una plaza pública, donde se espera que critique al Senado y lo responsabilice si la consulta no avanza hacia las urnas.