El miércoles 23 de abril se conoció de la condena que recibió un antiguo servidor público de San Vicente del Caguán, municipio en el norte del departamento de Caquetá, que en complicidad con una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc perpetraba extorsiones en varias poblaciones del suroriente del país.
Se trata de José Iván Suaza Gutiérrez, que en un fallo de un juez de conocimiento lo condenaron a 29 años años de cárcel por esos hechos.
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La decisión judicial se basó en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que lo señalaron como responsable del delito de extorsión agravada. El exfuncionario habría utilizado su posición para participar en actividades ilícitas relacionadas con un grupo armado ilegal, informaron en la emisora La W Radio.
De acuerdo con las investigaciones, Suaza Gutiérrez habría actuado como miembro de las milicias de las disidencias del antiguo frente 40 de las Farc, que opera en la región de Caquetá y se dedicaba a recopilar información sobre posibles víctimas de extorsión, citarlas y exigirles pagos económicos, indicaron en el periódico El Tiempo.
Agregaron que entre las víctimas identificadas se encuentran una empresa multinacional, un exgobernador de Caquetá y varias compañías dedicadas al transporte de petróleo crudo y transporte público, tanto en ese mencionado departamento como en el municipio de La Macarena (Meta).
Las autoridades señalaron que Suaza Gutiérrez estaría vinculado al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, desde donde habría coordinado extorsiones dirigidas a comerciantes, ganaderos y ciudadanos de Florencia y otros municipios del norte de Caquetá. El exconcejal habría exigido sumas de dinero que oscilaban entre los 5 y los 100 millones de pesos colombianos, afectando a más de 15 personas en la región, detallaron en Noticias RCN.
Las investigaciones también revelaron que, en 2018, comerciantes e ingenieros que trabajaban para empresas locales fueron víctimas de extorsiones en las que se les exigieron pagos de entre 100 y 300 millones de pesos colombianos. Estas exigencias se realizaban en nombre de un grupo armado ilegal, bajo amenazas de atentar contra la vida de las víctimas si no cumplían con los pagos, recogieron en La W Radio.
Uno de los elementos determinantes en el proceso judicial fue la evidencia obtenida del teléfono móvil de Suaza Gutiérrez, con el que se realizaron llamadas y se enviaron mensajes extorsivos. Además, se comprobó que el exconcejal utilizaba múltiples tarjetas SIM para llevar a cabo estas actividades ilícitas, lo que complicaba el rastreo de sus acciones. Estas pruebas permitieron a la Fiscalía demostrar su participación directa en los hechos y sustentar la acusación en su contra, resaltaron en el medio radial.
El caso de José Iván Suaza Gutiérrez pone en evidencia el impacto de las actividades extorsivas en regiones como Caquetá y Meta, donde los grupos armados ilegales continúan ejerciendo presión sobre diversos sectores económicos. Las extorsiones afectaron a ganaderos, comerciantes y empresas, generando un clima de inseguridad y temor en las comunidades locales. La condena del exconcejal representa un paso importante en los esfuerzos por combatir estas prácticas y garantizar justicia para las víctimas, explicaron en Noticias RCN.
Este hecho se suma a la captura de Belmar Riobo Pérez, señalado de ser uno de los jefes financieros del ELN en El Catatumbo, exactamente en el municipio de Ocaña (Norte de Santander).
De acuerdo con el reporte del medio, Riobo Pérez no solo desempeñaba un papel clave en la gestión económica de la compañía Francisco Bossio, una de las estructuras del mencionado grupo armado organizado.
También está implicado en actividades delictivas de alto impacto. Entre los cargos que se le atribuyen figuran terrorismo, rebelión, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio agravado.
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