Así fue la primera jornada de búsqueda de desaparecidos por ‘falsos positivos’ con exmilitares imputados en terreno

En una decisión sin precedentes en el contexto del conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puso en marcha una de las sanciones restaurativas más significativas desde su creación: por primera vez, exmilitares involucrados en ejecuciones extrajudiciales —conocidas como ‘falsos positivos’— participan activamente en la búsqueda de víctimas desaparecidas.

Esta medida, que forma parte de las sanciones anticipadas dentro del modelo de justicia transicional, marca un hito en el camino hacia la verdad y la reparación de las víctimas.

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Entre el 22 y el 27 de abril de 2025, tres antiguos oficiales del Ejército —cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de seguridad— se integraron a un equipo forense liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) en el Cementerio Central de Neiva, Huila.

Este camposanto, que alberga 156 bóvedas de tamaño estándar, es uno de los más de 10.000 puntos de interés forense identificados en todo el país por posibles inhumaciones ilegales.

El procedimiento, ordenado por la JEP, se enmarca en las sanciones propias contempladas para aquellos comparecientes que han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, específicamente dentro del llamado caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado.

Los exmilitares que ahora se involucran en las exhumaciones ya habían comparecido ante 174 víctimas en agosto de 2024, en un acto de reconocimiento público donde aceptaron su responsabilidad en estos crímenes. Su nueva participación es parte de los llamados Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurativo (Toar), un paso previo a las sentencias formales de la JEP.

La intervención en Neiva corresponde al subcaso Huila, uno de los componentes del caso 03, que se encuentra en manos del magistrado Alejandro Ramelli, actual presidente de la JEP.

“Es la primera vez que se lleva a cabo un Toar de esta naturaleza. Hemos contado con el respaldo de la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y el acompañamiento de las organizaciones de víctimas, quienes valoran positivamente estas acciones que buscan restablecer derechos vulnerados por este crimen”, reconoció el magistrado.

En este subcaso, se ha imputado a 36 exintegrantes de la Fuerza Pública, adscritos a la Novena Brigada del Ejército, por su presunta responsabilidad en 200 asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate. De estos, 32 corresponden a víctimas de desaparición forzada, y se investigan además ocho tentativas de homicidio.

Durante años, algunos miembros del Ejército cometieron ejecuciones extrajudiciales, impulsados por incentivos como ascensos y reconocimientos, con el fin de mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia.

En Huila, muchas de las víctimas eran personas humildes: campesinos, recolectores de café, trabajadores de la construcción, comerciantes e incluso artistas. Estas personas fueron engañadas con falsas promesas de empleo o secuestradas en operativos simulados antes de ser ejecutadas en supuestos retenes o emboscadas militares.

De acuerdo con la JEP, a través de proyectos como el de Neiva, se busca impulsar mecanismos donde los responsables deben colaborar directamente en la reparación de las víctimas, ya sea con aportes a la verdad, reconstrucción de memoria o intervención en sitios de inhumación clandestina.

La iniciativa, según informó la jurisdicción, fue acogida con aprobación por los familiares de las víctimas, quienes vieron en ella una oportunidad real de acercarse a la verdad sobre la suerte de sus seres queridos. “Consideraron que esta participación es una forma correcta de aportar a la verdad, al esclarecimiento de los hechos y, en alguna medida, de reparar el dolor de aquellas familias que esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos”, aseguró la JEP, en un oficio conocido por El Tiempo.

Este modelo de sanciones anticipadas también ha incluido a exmiembros de las antiguas Farc en otras regiones del país, dentro de un enfoque que busca no solo esclarecer los crímenes, sino transformar los vínculos sociales rotos por décadas de violencia.