Más de cuarenta mil personas han trasladado sus ahorros desde fondos privados hacia Colpensiones, según informes recientes, como resultado de la “ventana de traslado” contemplada en la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Aunque la entrada en vigor de esta ley está prevista para el 1 de julio de 2025, ya ha generado efectos significativos en el sistema de pensiones del país.
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En este contexto, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la reforma, argumentando que no se presentaron irregularidades en su trámite legislativo.
De acuerdo con un concepto emitido el martes 22 de abril por el procurador Gregorio Eljach, el Ministerio Público considera que la ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, fue aprobada sin vicios de procedimiento en el Congreso.
En el documento, Eljach expresó que “en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”. Esta solicitud busca garantizar la legalidad de la reforma y evitar interpretaciones que puedan afectar su implementación.
El concepto remitido por la Procuraduría no sólo solicita la declaración de exequibilidad de la reforma, sino que hace énfasis en el artículo 84.5 de la norma.
Según el Ministerio Público, es necesario que este artículo quede blindado contra cualquier interpretación regresiva que pueda afectar los derechos adquiridos por los ciudadanos.
Además, el documento advierte que, aunque la reforma aún no ha entrado en vigor, ya ha comenzado a generar efectos prácticos en el sistema de pensiones.
El procurador Eljach señaló que los movimientos financieros hacia Colpensiones y el fondo de estabilización del Banco de la República son prueba de que la reforma está teniendo un impacto anticipado. Asimismo, destacó que los fondos privados se están preparando para recibir a millones de nuevos afiliados, lo que subraya la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima en el sistema.
La posición actual de la Procuraduría contrasta con la postura de la exprocuradora Margarita Cabello Blanco, que en noviembre del año pasado señaló que durante la discusión del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes se presentaron vicios constitucionales.
Cabello afirmó en su momento que “no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa”. Sin embargo, el concepto presentado por Eljach descarta estas irregularidades y respalda la legalidad del trámite legislativo.
Según los informes de Colpensiones citados por la Procuraduría, más de 40.000 personas aprovecharon la “ventana de traslado” para mover sus ahorros desde fondos privados hacia esta entidad pública. Este fenómeno generó derechos adquiridos para estos ciudadanos, lo que, según el Ministerio Público, podría derivar en complejidades jurídicas y un aumento en la litigiosidad si la reforma no es avalada por la Corte Constitucional.
Además, la Procuraduría destacó que la reforma representa una oportunidad para millones de trabajadores informales o en condiciones laborales precarias, que podrían acceder por primera vez a un auxilio económico en su vejez.
En este sentido, el concepto resalta que la reforma es una respuesta necesaria a la insostenibilidad financiera del régimen actual, un problema reconocido por expertos de diversas corrientes ideológicas y políticas.
En caso de que la Corte Constitucional no declare la exequibilidad de la reforma, la Procuraduría propuso alternativas para evitar la anulación total de la norma.
Entre estas opciones se encuentran la subsanación de vicios o la aplicación de efectos diferidos de la sentencia, lo que permitiría al Congreso corregir los posibles errores sin afectar los derechos ya consolidados por los ciudadanos.
El Ministerio Público enfatizó en la importancia de proteger la seguridad jurídica y garantizar la confianza legítima en el sistema de pensiones, especialmente en un contexto donde ya se han generado movimientos financieros significativos y derechos adquiridos.
La reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro fue presentada como una solución a los problemas estructurales del sistema de pensiones en Colombia. Según el concepto de la Procuraduría, esta iniciativa no solo busca garantizar la sostenibilidad financiera del régimen, sino también ampliar la cobertura para sectores vulnerables de la población.
El debate ahora se traslada a la Corte Constitucional, que deberá evaluar las solicitudes del Ministerio Público y determinar si la reforma cumple con los requisitos legales y constitucionales para su implementación. Mientras tanto, los efectos anticipados de la ley continúan generando cambios en el sistema de pensiones, marcando un antes y un después en la política social del país.
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