En medio del fuerte revuelo que causaron las declaraciones del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, que acusó al presidente de la República, Gustavo Petro, de tener una fuerte adicción a las drogas, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, pidió que el jefe de Estado se someta a un examen toxicológico y psiquiátrico.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía hacer yo? Seguro fui inferior”, detalló Leyva en uno de los apartes de la misiva de cuatro páginas con los que sumó a lo que había advertido, hace un año y medio, la periodista María Jimena Duzán; a la que le habían llegado las mismas informaciones sobre el estado del primer mandatario.

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Frente a esto, Cabal, en una carta dirigida al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, solicitó que se exhorte al primer mandatario que se someta a estos análisis para determinar su capacidad para continuar ejerciendo el cargo. Y argumentó su solicitud en lo que se dispone en la Constitución Política de 1991 para estos fines, debido a la gravedad de lo que considera un riesgo para los destinos del país.

En su comunicación, Cabal invocó el artículo 194 de la Carta Magna y los artículos 244 y siguientes de la Ley 5 de 1992, que regulan el control político del Congreso. Y pese a que el presidente explicó que su “desaparición” dos días en París, en su visita de junio de 2023, pública por los medios, fue porque aprovechó ese periodo con su familia, visitando museos y librerías; a sabiendas de que se encontraba en un viaje oficial.

En el texto de la proposición, la senadora solicitó que el Ejecutivo exhorte al jefe de Estado a someterse a dos exámenes médicos clave: el toxicológico completo para “descartar o confirmar el consumo de sustancias psicoactivas” y una evaluación psiquiátrica integral para determinar su “plena capacidad cognitiva, emocional y funcional para ejercer el cargo”.

Del mismo modo, Cabal indicó que por una entidad médica pública o privada de “reconocida idoneidad”, y solicitó que estos se lleven a cabo dentro de un plazo no mayor a quince días calendario desde la aprobación de la proposición. Con ello, fundamentó su petición en las referidas denuncias públicas que han cuestionado la salud y capacidad del presidente Petro para desempeñar su rol.

Y es que la parlamentaria mencionó hechos “públicos y notorios” que han comprometido, según su criterio, la “moralidad pública, la seguridad nacional y el correcto desempeño del Jefe de Estado”. Entre estos, destacan también las revelaciones hechas por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, y la canciller Laura Sarabia, en los audios que reveló la revista Semana y que también sugerían adicciones.

Así pues, en esos audios, tanto Benedetti como Sarabia sugirieron que el presidente Petro podría estar involucrado en conductas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, lo que generó un debate público sobre su estado de salud. Al igual que trajo a colación la columna de Duzán, publicada el 5 de noviembre de 2023, en la que la comunicadora hacía una cruda revelación.

“Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral”, dijo la periodista, lo que en su momento también fue desmentido por Petro, al mencionar que la única adicción que lo acompañaba era la “del café por las mañanas”.

La senadora dejó en claro en su proposición que esta solicitud es parte del ejercicio del control político del Congreso, en un derecho que se consagra en la Constitución. La intención es garantizar que Petro se someta a evaluaciones médicas para asegurar que se encuentre en condiciones para continuar ejerciendo la presidencia de la República; pues pone en riesgo la moralidad del cargo y la seguridad nacional.

Cabe destacar que, Petro no ha respondido directamente a la solicitud de la senadora Cabal, en una iniciativa que, como estaba previsto, aumentó aún más las tensiones políticas entre los defensores del Gobierno y la oposición; pues están los que cuestionan la legitimidad de las acusaciones, en tanto que hay un buen número de políticos y ciudadanos que exigen claridad frente a una situación de dominio público.