En la firma de un memorando de entendimiento entre el presidente Gustavo Petro y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la Casa de Nariño, el mandatario colombiano dejó al descubierto las serias fisuras que tiene con las altas cortes.
El jefe de Estado se refirió al acuerdo para ejecutar los proyectos restaurativos impuestos como sanciones propias por la JEP, donde destacó la presencia de Alejandro Ramelli, presidente del tribunal de paz.
“Señor magistrado prácticamente nos honra con su presencia porque aquí desde hace tiempo no vienen magistrados”, afirmó Petro.
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El distanciamiento entre el presidente Petro y las altas cortes viene desde hace varios meses, pero se agudizó con el reciente fallo del Consejo de Estado, que ordenó al primer mandatario suspender las transmisiones en vivo de los consejos de ministros por canales privados.
Según la decisión del alto tribunal, considerada como un “golpe” a las estrategias de comunicaciones del Gobierno nacional, afecta el “pluralismo” en el país.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que la decisión del Consejo de Estado es una intención directa de “censurarlo”.
Ante las acusaciones del presidente Gustavo Petro, el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, el magistrado Mauricio Tamayo, hizo un llamado al jefe de Estado a respetar las decisiones de los tribunales.
“La independencia de los jueces es una garantía para la democracia, pero es un pilar fundamental para garantizar que los jueces de la República, al momento de tomar sus decisiones, se apeguen por entero a la Constitución y a la ley”, afirmó Tamayo.
Y agregó: “El Estado colombiano tradicionalmente se ha destacado, y así está ordenado por la Constitución, de que la justicia trabajen con total tranquilidad frente a cualquier interferencia o intromisión al interior de la rama judicial o fuera de ella por parte de cualquier poder o cualquier rama del Poder Público Nacional. Se afecta severamente la prestación del servicio esencial de la Administración de Justicia, pero se afecta también la credibilidad de la ciudadanía”
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, respondió a las recientes críticas del presidente Gustavo Petro, que acusó a ese tribunal de presunta censura a sus alocuciones durante los Consejos de Ministros.
En entrevista con El Tiempo, el magistrado defendió la independencia del poder judicial y aseguró que la sentencia proferida por el alto tribunal no limita el derecho del jefe de Estado a comunicarse con la ciudadanía, sino que protege el pluralismo informativo.
Según Luis Alberto Álvarez, la decisión judicial del 11 de abril se tomó en respuesta a una tutela que buscaba garantizar el derecho fundamental al pluralismo informativo. El fallo ordenó que los Consejos de Ministros no se transmitan por canales privados, sino únicamente por medios públicos como Señal Colombia y Canal Institucional.
El magistrado explicó en el citado medio que censura es un concepto que implica persecución, anulación del derecho a opinar o cierre de medios de comunicación, situaciones que, según dijo, no se presentaron en este caso.
“No podemos hablar de censura como lo ha expresado el presidente en su cuenta de X”, afirmó a El Tiempo, y agregó que se trata de una expresión que “no corresponde a la realidad”.
Sobre la afirmación del mandatario de que se le está restringiendo el derecho a las alocuciones, Álvarez precisó que las transmisiones de los Consejos de Ministros no corresponden al formato tradicional de una alocución presidencial. Citó como ejemplo momentos históricos en los que los presidentes utilizaron ese recurso para anunciar medidas excepcionales, como el cese de los diálogos con las Farc durante el gobierno de Andrés Pastrana.
Pese a ello, el presidente del Consejo de Estado reiteró que el mandatario colombiano conserva su derecho a transmitir mensajes a la nación a través de los canales públicos, sin que esto implique una limitación de su fuero presidencial.
“No ha pasado nada que pueda entenderse como una censura”, insistió al citado medio de comunicación, al tiempo que rechazó las afirmaciones de que se esté buscando “la destrucción del gobierno progresista”.
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