El cuestionado contratista que estaría detrás de proyecto de mejoramiento de vivienda del polémico Plan Terrazas en Bogotá

“Plan Terrazas”, el fallido programa de mejoramiento de viviendas que lanzó e impulsó la administración de Claudia López, destapó una serie de inconformidades, inclumplimientos y contratistas con presuntas irregularidades.

El plan, incluido en el Plan de Desarrollo de la exalcaldesa, prometía mejorar 1.250 viviendas en localidades como Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. La estrategia contemplaba un subsidio de aproximadamente $63 millones por familia, destinado a obras de mejoramiento, acabados y apoyo para arriendos temporales mientras se realizaban las intervenciones.

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Sin embargo, según conoció la concejala del Centro Democrático Mónica Diago, el proyecto no cumplió con las expectativas, afectando a más de 143 familias que abandonaron sus hogares con la esperanza de recibir mejoras que llegaron a medias.

El Plan Terrazas implicó la firma de 11 contratos de obra por un valor total de $58.000 millones, además de acuerdos para interventorías y bancos de materiales.

No obstante, al menos cuatro de los contratistas presentarían presuntas irregularidades, entre ellos el Consorcio J.A. Coral II, representada legalmente por Jairo Aldana.

Se trata del contrato 001-2022, suscrito entre el Consorcio J.A. Coral II y la Caja de Vivienda Popular, el cual tenía un valor de $4.565 millones y estaba destinado a ejecutar obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva.

Resultó que el consorcio fue rechazado jurídicamente en dos ocasiones antes de ser finalmente aprobado, lo que, en palabras de la concejala, debió haber sido una señal de alerta.

Además, documentos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) revelaron que Jairo Aldana, que representa el 95% del consorcio, enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Este antecedente, según la concejal, debió haber sido motivo suficiente para descalificar al contratista. “¿Cómo es posible que personas presuntamente cuestionadas suscriban contratos con el distrito?”, cuestionó Diago, que también recordó que Aldana estuvo vinculado a la Unión Temporal que participó en el polémico contrato de ambulancias durante la administración de Samuel Moreno, caso por el cual este último fue condenado.

El incumplimiento del contrato dejó a las familias afectadas en una situación crítica. Según un derecho de petición citado por la concejal Diago, el consorcio no ha entregado ninguna de las 84 viviendas que debía intervenir en Usme, a pesar de que han pasado más de tres años desde que se inició el proyecto.

“Los bogotanos más vulnerables llevan esperando más de tres años el mejoramiento de sus hogares, y Claudia López jugó con sus esperanzas”, afirmó la concejal, que instó a la actual administración de Carlos Fernando Galán a tomar medidas inmediatas.

Diago también exigió que se haga efectiva la cláusula penal y las pólizas de cumplimiento para sancionar al contratista y garantizar que los recursos públicos no se pierdan. Asimismo, solicitó a los entes de control supervisar de manera rigurosa los contratos relacionados con el Plan Terrazas y otros proyectos similares.

“Los bogotanos más vulnerables llevan esperando más de 3 años el mejoramiento de sus hogares y Claudia López jugó con sus esperanzas, los dejó esperando el arreglo de sus casas. La tarea de la administración Galan es solucionar de manera rápida y efectiva los problemas de las mejoras de las viviendas y también buscar que los incumplimientos del contratista no queden en nada, es deber de esta administración solicitar la efectividad de las pólizas y de la cláusula penal, correspondiente, pero al día de hoy, no se sabe cómo va el proceso”, dijo puntualmente la concejal bogotana.

Cabe señalar que, desde enero de 2024, la gestión de Carlos Fernando Galán se ha enfocado en subsanar los graves errores del Plan Terrazas. Según la Caja de Vivienda Popular, en los primeros 15 meses se completaron 302 mejoras, alcanzando un cumplimiento que pasó del 9 en 2023 al 24,16%.