En los primeros tres meses de 2025, la violencia contra los firmantes del Acuerdo Final de Paz ha escalado a niveles que preocupan profundamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según reveló la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en el primer trimestre han sido asesinados 15 comparecientes forzosos, lo que representa la mitad del total de homicidios registrados en todo 2024.
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Esta cifra no solo refleja un recrudecimiento de la violencia, sino también una creciente vulnerabilidad para quienes dejaron las armas y se acogieron al proceso de reincorporación.
Desde la firma del Acuerdo Final en 2016, la JEP ha contabilizado 456 homicidios de excombatientes, un número que no deja de aumentar pese a los compromisos institucionales asumidos para su protección. “El 2025 ha sido un año particularmente violento para los excombatientes”, advirtió la Sección en una reciente diligencia judicial.
Frente a este escenario de riesgo persistente y creciente, la magistratura decidió convocar una audiencia pública el 10 de abril, con el objetivo de coordinar acciones urgentes y efectivas para garantizar la vida e integridad de los firmantes del Acuerdo.
Durante la audiencia se insistió en la necesidad de adoptar un enfoque de seguridad humana e integral, que “abarca el derecho a una vida libre del temor, el derecho a una vida libre de miseria y el derecho a una vida digna”. Este concepto busca trascender las medidas tradicionales de protección, al considerar los múltiples factores que inciden en la seguridad de los excombatientes, incluyendo los desplazamientos colectivos e individuales que continúan afectando a esta población.
La JEP subrayó que “proteger la vida de los firmantes de paz es un imperativo para consolidar la construcción de paz en Colombia”, y reiteró que muchos de ellos serán destinatarios de las sanciones que este tribunal transicional está próximo a imponer, lo que refuerza la necesidad de garantizar su permanencia y participación activa en el Sistema Integral para la Paz.
Instituciones llamadas a responder
A la audiencia fueron citadas las cabezas de las entidades con responsabilidades directas en la protección de los excombatientes. Entre ellas, la fiscal general de la Nación, los ministros de Defensa y del Interior, el alto comisionado para la Paz, y los directores de la Unidad Nacional de Protección, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y la Agencia Nacional de Tierras. También asistió la directora de la Unidad para la Implementación del acuerdo de paz.
Uno de los momentos clave fue la presentación del diagnóstico actualizado por parte del director de la Unidad de Investigación y Acusación, junto al Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos y Amenazas. Este informe aportó nuevos datos sobre la violencia letal que continúa cobrando la vida de quienes apostaron por dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.
En la jornada también participaron firmantes del Acuerdo Final de Paz que hoy se encuentran en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de La Montañita (Caquetá), Pondores (La Guajira) y Caño Indio (Catatumbo). Ellos ofrecieron testimonios sobre las amenazas, desplazamientos y asesinatos que siguen ocurriendo en sus territorios, pese a la existencia de medidas cautelares vigentes. A ellos se sumaron delegados del Partido Comunes, de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación.
La JEP recordó que garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo es tanto un deber constitucional como una obligación moral e histórica del Estado colombiano. La jurisdicción señaló además que el cumplimiento de este mandato no puede seguir postergándose ni relegándose a compromisos simbólicos, pues la vida de quienes se acogieron a la paz está en juego, y su protección es indispensable para la legitimidad y continuidad del proceso de justicia transicional en Colombia.
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